La pandemia del covid-19 tuvo un impacto significativo en la dinámica de diferentes sectores económicos, incluyendo el energético. Para mitigar los efectos que este periodo estaba teniendo en la prestación de los servicios públicos, las autoridades tomaron la decisión de aplicar una serie de medidas transitorias, siendo la más sonada la opción tarifaria.
La opción tarifaria es un mecanismo regulatorio que permite a los comercializadores del servicio de energía eléctrica moderar los incrementos abruptos en la tarifa para facilitar a los usuarios el pago de sus facturas.
Así las cosas, la idea de esta herramienta consistió en frenar temporalmente las alzas tarifarias y esa acumulación de saldos se cobraría posteriormente de manera paulatina a los usuarios para así liquidar la deuda. En otras palabras, los precios del servicio se mantuvieron estables y ese pago pendiente se diferiría con el tiempo.
La medida quedó en firme con la expedición de la resolución 012 de 2020 por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Con esta normativa, la entidad establecía «una opción tarifaria para definir los costos máximos de prestación del servicio que podrán ser trasladados a los usuarios regulados del servicio público de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)».
La norma, que se aplicó hasta abril del 2022, también definía las condiciones a tener en cuenta para que las firmas prestadoras se acogiesen a esta alternativa de alivio, incluyendo que estas debían mantener actualizada la información relativa a los saldos acumulados y el histórico de los valores que se trasladarían a la tarifa del usuario final.
