Tres presuntos implicados en una serie de robos a viviendas en Cali fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación. Se trata de Christofer Apolindar Echeverry y María Yenni Salina Ortega, capturados mediante orden judicial, y de Eduard Aldemar Gallego Sánchez, quien fue notificado del proceso en su contra dentro del centro penitenciario donde permanece recluido.
Las investigaciones señalan que los procesados identificaban residencias cuyos propietarios no se encontraban en casa, para luego ingresar de forma violenta y apropiarse de diversos objetos de valor. Esta modalidad fue clave para la comisión de varios delitos en diferentes barrios de la ciudad.
Los hechos habrían ocurrido entre julio y agosto de 2024 en los barrios Francisco Eladio Ramos, Alfonso Bonilla Aragón y Doce de Octubre, todos en el oriente de Cali. El monto total de lo hurtado superaría los 30 millones de pesos, según estimaciones preliminares.
La Fiscalía continúa con el proceso penal y no descarta que los implicados estén relacionados con otros casos similares. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que permita esclarecer más hechos delictivos vinculados a esta estructura.
Las autoridades destacaron que la investigación se logró gracias al trabajo conjunto de unidades especializadas de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali, que recopilaron evidencias clave como grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones de víctimas y testigos, así como análisis técnicos de los lugares afectados. Estos elementos permitieron establecer patrones de actuación comunes, como el uso de herramientas para forzar cerraduras, vigilancia previa a las viviendas y posterior venta de los objetos robados en el mercado ilegal. Se presume que los tres judicializados hacían parte de una red más amplia dedicada al hurto de residencias.
El caso ha reavivado la preocupación de la ciudadanía frente al aumento de este tipo de delitos en sectores residenciales del oriente de Cali, donde persisten problemáticas de seguridad y escasa vigilancia policial. Líderes comunitarios han pedido mayores estrategias de prevención, patrullajes constantes y el fortalecimiento del sistema de alarmas vecinales. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en nuevas líneas investigativas que podrían conducir a la captura de más integrantes de esta banda criminal, que aprovechaba la ausencia temporal de los moradores para delinquir con rapidez y violencia.