En nota periodística del diario El Tiempo y y suscrita por el periodista Camilo A. Castillo de Redacción Política, se presenta un informe que ha pasado desapercibido por la opinión pública del departamento de Nariño, pero que nos obliga a una lectura que nos permita entender la dolorosa y trágica situación de orden público en gran parte de su territorio, especialmente en la Costa Pacífico. El titular es un grito y un clamor que expresa el sentir de su gente ante la oleada de violencia que se vive en su territorio: «Así se ha fortalecido la gobernanza criminal en Tumaco, Buenaventura y Arauca en medio de la ‘paz total».
Una paz anhelada, pero distante y cada vez menos real. Los últimos acontecimientos de terror y muerte suscitados por el cruento asesinato de un líder indígena y sus guardaespaldas nos presenta una radiografía que corrobora lo expresado en una rigurosa investigación periodística, que se sustenta en el Documento presentado por la Fundación CORE y la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC).
«En el corregimiento de Llorente, municipio bajo la jurisdicción de Tumaco (Nariño), el Frente Iván Ríos de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico -antes parte de la Segunda Marquetalia- no solo controla las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico, sino que obliga a los comerciantes a organizarse en “gremios” según el tipo de negocio, a pagar extorsiones -las que llaman “impuestos”- e incluso establece la distancia exacta que debe haber entre una propaganda comercial y la vereda». Todo indica que el Estado colombiano perdió el control de la zona, dejando a su gente al vaivén de las armas fratricidas que todo lo dictaminan y manejan.
Una «GOBERNANZA CRIMINAL» que compromete seriamente a sus gobernantes y funcionarios territoriales. Que no han estado a la altura del momento histórico que atravesamos, movidos, quizá, por un afán de protagonismo que les impide ver y comprender la dinámica de un conflicto en su jurisdicción.
Entre líneas se lee el resultado de un informe que debió ser analizado y discutido por parte de nuestros dignatarios, pero que optaron por el silencio como única manera de sostener las mentiras y falencias de una política de paz territorial que nació coja y en medio de convulsiones: «Ese es uno de los hallazgos del informe» Política de Paz Total: Entre luces y sombras», documento publicado por investigadores de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) y de la Fundación Conflict Responses (Core) y que analiza cómo la gobernanza criminal y el control social de los grupos armados en Buenaventura, Arauca y Tumaco se ha extendido hasta controlar cada aspecto de la vida de estas poblaciones».
Revelador informe que obliga, reitero, a un análisis serio y sereno de la verdadera incidencia de una paz total que ya deja mucho muertos y desplazamientos y la herida profunda del miedo y la zozobra para indígenas, campesinos y población en general: «Para los investigadores, aunque la ‘paz total’ presenta un enfoque innovador y vanguardista, la influencia de los actores armados ha aumentado desde la implementación de la política. No obstante, no es el único factor que tiene incidencia. Señalan otros elementos como los órdenes políticos híbridos que se han establecido desde hace décadas en esas regiones y los vínculos entre los grupos criminales y las fuerzas armadas locales». Una situación que se complica por cuanto » los grupos armados y criminales han asumido funciones que le corresponden al Estado, como la administración de justicia (resolución de conflictos, imposición de normas y castigos), la provisión de seguridad y, como se mencionaba antes, la regulación de la economía (impuestos, extorsión)».
Revela el informe que, en Tumaco, tras la firma de la tregua unilateral del Gobierno -decreto publicado el 31 de diciembre de 2022-, se habría fortalecido la posición de la Segunda Marquetalia para aumentar su control sobre la economía de la coca y la población. “Nosotros teníamos muy metida en la cabeza esta idea de que los grupos eran subversivos que en principio querían retar y revocar al Estado. Sin embargo, después de 2016, estos grupos, aunque tengan un alcance nacional, cada vez han empezado a operar en unas lógicas más locales. Entonces, lo que vemos es que el grupo ahora tiene mucho interés en ser un actor político, pero ser un actor político en el espacio local”, señaló Felipe Botero, líder de la Oficina de la Región Andina para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), quien, junto con Kyle Johnson, Mariana Botero, Lina María Asprilla y Juanita Durán, adelantó la investigación».
El investigador expresa que esta nueva «dinámica» les permite tener no solo un control territorial, sino también un control poblacional. “Al volverse este actor político empieza a cooptar y a relacionarse con gobiernos locales y con autoridades locales, no necesariamente políticas; también pueden ser étnicas. Esto le permite permear los distintos espacios y, de esta forma, tiene mucha más facilidad para poder explotar las rentas criminales».
En lo territorial el informe es explícito y contundente y de acuerdo a los resultados de la investigación «Tumaco vive la reorganización de los grupos armados.
Antes de la ‘paz total’, la Segunda Marquetalia ya ejercía gobernanza criminal en Tumaco. Esta se caracterizaba principalmente por el control social mediante la imposición de normas y la regulación de las economías en diferentes municipios del departamento de Nariño. Además, así como ocurría en las otras ciudades, también ofrecía su “protección” y mediación en la resolución de conflictos». Los líderes comunitarios entrevistados por los investigadores manifiestan que, desde la llegada de la política del Gobierno, este grupo criminal muestra un mayor interés en ser reconocido como un actor político, lo que ha influido en su forma de gobernanza. Cabe mencionar que la mesa con este grupo armado se instaló en junio de 2024 y que desde el primer momento se definió como una negociación política y no como una mesa sociojurídica para estructuras de crimen organizado.
Es tal la gobernanza que, de acuerdo a la investigación, «Esta estructura también impone reglas estrictas en la carretera Tumaco-Pasto, prohibiendo el robo (castigado con la muerte), el consumo de drogas (con expulsión o muerte como posibles castigos) y regulando la actividad de trabajadoras sexuales. En cuanto a las economías ilícitas, establece normas para la venta de pasta base de coca, incluyendo cantidades, precios y compradores. En zonas rurales, el Frente Iván Ríos compra hoja de coca a crédito, con pagos inciertos».
Una legitimidad cuestionada y puesta en permanente duda por periodistas, investigadores y organizaciones de derechos humanos. Al legitimar unas bandas disidentes y criminales, se abrió una compuerta que facilitó las operaciones de todo tipo de actores armados. Esa búsqueda de legitimidad política encontró un terreno fértil en una región sin Estado y expuesta a todo tipo de crímenes y aberraciones armadas.
Se requiere el pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos, de entidades gubernamentales y de oficinas de paz. Nariño no puede continuar siendo ese caldo de cultivo de una violencia descontrolada y terrorífica.