El 22 de julio de 2025, el parlamento ucraniano aprobó una ley (No. 12414) que subordinaba el Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) al fiscal general, un cargo designado por el presidente. Esta reforma permitía al fiscal general reasignar casos, dar instrucciones vinculantes e interferir directamente en sus investigaciones .
La aprobación rápida y la firma del presidente Volodymyr Zelenskyy provocaron multitudinarias protestas en Kiev, Lviv, Dnipro y Odesa, las primeras desde la invasión rusa de 2022.
Organizaciones como Human Rights Watch alertaron que la reforma violaba estándares democráticos y ponía en riesgo la candidatura de Ucrania a la UE.
El giro y la reversión
Ante la presión ciudadana y diplomática (de la Unión Europea y otros aliados), el 24 de julio, Zelenskyy presentó el Proyecto de Ley Nº 13533, con el propósito de restaurar la plena independencia de NABU y SAPO. Este proyecto fue redactado con participación de ambas agencias e incluía garantías de autonomía procedural, aunque también introducía medidas como pruebas de polígrafo y revisiones de seguridad interna .
Ese mismo día anunció públicamente el nuevo texto, reconociendo los errores de la ley previa y priorizando la estabilidad institucional y reformista.
Restablecimiento del 31 de julio de 2025
El 31 de julio de 2025, el parlamento votó ampliamente (331 votos a favor, solo 9 abstenciones) y aprobó la reversión que restituye la independencia de NABU y SAPO, anulando la ley anterior del 22 de julio.
La decisión fue celebrada por el gobierno como una reafirmación del compromiso con la transparencia, la democracia y el avance hacia la integración con la UE y la OTAN. La UE, organizaciones como Transparency International y líderes europeos valoraron positivamente el cambio.
Sin embargo, el jefe de SAPO advirtió que, aun con el revés legal, persistirán presiones políticas, campañas de desprestigio y posibles ataques internos contra las instituciones anticorrupción.
