El Gobierno Nacional firmó un convenio con Portugal para producir pasaportes a partir de abril de 2026, pero lo hizo bajo un manto de opacidad, con una firma clave: Elvira Sanabria Salazar, secretaria general de la Cancillería y amiga cercana de Alfredo Saade, jefe de gabinete de la Presidencia y férreo defensor del presidente Gustavo Petro. La negociación se concretó pese a la falta de información pública sobre costos, cronograma o capacidad técnica, y mientras la Procuraduría ya anunció investigaciones disciplinarias.
A contracorriente del discurso presidencial que prometía cortar vínculos con Thomas Greg & Sons —empresa que ha manejado el negocio de los pasaportes por 17 años—, el Ejecutivo terminó prorrogando el contrato con esa firma por siete meses más. Lo irónico: esa era la misma salida propuesta por la excanciller Laura Sarabia, quien terminó fuera del Gobierno por ese planteamiento, desautorizado en su momento por el propio Petro.
El convenio, cuya copia fue divulgada a cuentagotas por Saade, establece que desde el 1 de abril de 2026 la producción de pasaportes será asumida por la Imprenta Nacional de Colombia, en cooperación con la Casa de la Moneda de Portugal. Pero existen serias dudas sobre la capacidad técnica de la Imprenta, la planeación del proceso y la transparencia de la contratación. La propia Procuraduría advirtió sobre posibles irregularidades en la firma del acuerdo y abrió investigaciones contra la canciller encargada Yolanda Villavicencio, la secretaria general Sanabria y la gerente de la Imprenta, Viviana León.
Mientras tanto, el sindicato Sintraimprenal ha denunciado millonarias pérdidas y falta de preparación técnica en la entidad que, en menos de un año, deberá asumir la compleja tarea de personalizar pasaportes con estándares internacionales. Fuentes internas revelaron que no hay infraestructura lista y que ni siquiera se ha iniciado un plan de modernización serio, lo que podría comprometer la operación a futuro.
En medio del caos, Saade —quien ha pedido públicamente reelegir a Petro y cerrar el Congreso— se convirtió en el nuevo arquitecto del proceso. Sanabria, su amiga de infancia, fue la encargada de firmar el convenio clave, aunque no es experta en producción documental ni en asuntos diplomáticos. Su cercanía al poder le ha permitido mover los hilos en una de las decisiones más sensibles para la ciudadanía: la expedición del documento que garantiza el derecho a la movilidad.
Con una prórroga a contravía del discurso oficial, un convenio lleno de vacíos y una entidad técnica en entredicho, el camino trazado por el Gobierno despierta más incertidumbres que certezas. Lo único claro, por ahora, es que la apuesta política sobre el control de datos personales y la producción de pasaportes pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar un servicio esencial. Y el reloj ya empezó a correr.