Bajada:
Decenas de familias denuncian a OPSA Ingeniería Ltda. y a su representante legal José David Salazar Castañeda por presunta estafa agravada y fraude inmobiliario. El caso de Graciela Borda Guerra, una adulta mayor de Tunja, expone un patrón de preventas de bienes embargados, incumplimientos y captación de recursos que ya estaría en la mira de la justicia.
📍 El sueño de una casa propia que terminó en pesadilla
En 2022, Graciela Borda Guerra, una adulta mayor tunjana, entregó más de $86 millones —ahorros de toda una vida— para adquirir una vivienda de interés social en el proyecto “Arboreto Sauce Superlote 2”, casa 11, en Tunja. El negocio parecía seguro: una promesa de compraventa, un contrato formal, respaldo fiduciario… pero había un detalle oculto: el inmueble ya estaba embargado al momento de firmar la escritura.
Según su defensa, Graciela cumplió con todos los pagos estipulados, incluso canceló más de lo pactado en el contrato. Sin embargo, jamás recibió el inmueble y descubrió que lo que había comprado no podía ser entregado por su situación jurídica.
“Vendieron un bien embargado, con pleno conocimiento de su situación. Fue un acto vil, tramposo y doloso. Jugaron con la necesidad de una mujer mayor”, señaló su abogado.
⚠️ Un modus operandi que se repite
El caso de Graciela no es aislado. Este medio tuvo acceso a registros judiciales que evidencian al menos 100 procesos contra OPSA Ingeniería Ltda., incluyendo:
- Acción de tutela a favor de Diana Rodríguez por incumplimiento en la entrega de un apartamento en Sogamoso.
- Proceso verbal civil en Bogotá de Nohora Sánchez Leiva por otro incumplimiento en el mismo proyecto.
- Demanda ejecutiva de una entidad bancaria por incumplimiento en garantía fiduciaria.
- Procesos laborales de exempleados por conflictos contractuales.
La denuncia señala un patrón: preventas de viviendas con problemas jurídicos, retrasos indefinidos, evasión de responsabilidades y captación de recursos de múltiples familias.
📑 Documentos y evidencias
Entre los soportes que reposan en el expediente están:
- Contrato de promesa de compraventa firmado por Graciela y José David Salazar Castañeda en representación de OPSA Ingeniería.
- Otro sí contractual que modificaba plazos y condiciones.
- Memoriales judiciales donde la defensa de la víctima argumenta incumplimiento grave, estafa agravada, fraude procesal y falsedad ideológica.
- Auto judicial que inadmite demanda ejecutiva por inconsistencias contractuales.
Estos documentos muestran que, al momento de la negociación, el bien ya estaba embargado y aun así fue vendido, lo que, según el abogado, configura un delito claro de estafa agravada.
🏛️ Lo que pide la defensa
El abogado de Graciela solicitó al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tunja:
- Resolución del contrato por incumplimiento.
- Indemnización de perjuicios materiales y morales.
- Investigación por estafa agravada, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y abuso del derecho.
También pide que la Fiscalía, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Superintendencia de Sociedades investiguen los manejos contractuales y fiduciarios de la firma.
📣 Una alerta para la comunidad
Si usted ha invertido en proyectos de OPSA Ingeniería Ltda. o en negocios con José David Salazar Castañeda, puede acercarse a la Fiscalía más cercana o comunicarse con el equipo jurídico de las víctimas para interponer la denuncia.
El caso de Graciela es un llamado urgente: el derecho a la vivienda digna no puede ser un negocio a costa del dolor ajeno.
❤️ Nuestro mensaje a Graciela y a todas las víctimas
Desde este medio, expresamos nuestra solidaridad con Graciela Borda Guerra y con todas las familias que han visto frustrado su sueño de tener una casa propia por actos de presunta corrupción y abuso de confianza. La vivienda no es un lujo, es un derecho, y quienes la convierten en una estafa deben responder ante la justicia.
Perfecto, te armo esos dos apartados extra con tu tono —fuerte, directo, crítico— y con sustento legal y preventivo.
🚨 La estafa inmobiliaria: un negocio que se camufla en Boyacá
En Boyacá, la estafa inmobiliaria se ha convertido en una epidemia silenciosa. Bajo fachadas de constructoras, inmobiliarias y supuestos proyectos de vivienda, los estafadores han perfeccionado un modus operandi para vaciar los bolsillos de familias enteras. Lo hacen con contratos bien redactados, promesas de entrega, respaldos fiduciarios aparentes y discursos llenos de tecnicismos legales que, para la mayoría, suenan confiables.
En realidad, muchos de estos “negocios” se sostienen sobre bienes embargados, lotes sin licencia, preventas ilegales o proyectos sin respaldo financiero. No se trata de errores administrativos, sino de estructuras planificadas para engañar, aprovechándose de la necesidad de techo de familias trabajadoras.
El Código Penal colombiano, en su artículo 246, establece que quien obtenga provecho ilícito para sí o para otro, induciendo a error a una persona mediante artificios o engaños, incurre en delito de estafa, castigado con prisión de 32 a 144 meses y multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales vigentes. En casos como este, donde se vulnera a una persona en especial condición de indefensión —como una adulta mayor—, la conducta se agrava, aumentando la pena.
Pero lo más grave es que, en el sector inmobiliario boyacense, este patrón se repite, y rara vez los responsables cumplen condenas ejemplares. Esto no es solo un fraude: es un atentado contra el derecho fundamental a la vivienda digna.
🛡️ Cómo no caer en la trampa: claves para detectar una estafa inmobiliaria
En Boyacá, y en gran parte del país, los proyectos de vivienda son el anzuelo perfecto para estafadores. La ilusión del comprador es su arma más poderosa. Por eso, antes de entregar un peso, es fundamental:
- Verificar el estado jurídico del inmueble en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para confirmar que no tenga embargos, hipotecas o procesos judiciales.
- Consultar en la Superintendencia de Sociedades si la constructora o inmobiliaria tiene procesos legales o está en liquidación.
- Exigir licencias de construcción y certificados de tradición y libertad actualizados.
- No confiar en promesas de entrega rápidas o “precios especiales por tiempo limitado” sin respaldo documental sólido.
- Acudir a un abogado especializado en derecho inmobiliario antes de firmar cualquier documento, por más formal que parezca.
- Investigar la reputación de la empresa en redes sociales, bases judiciales y medios de comunicación.
La clave está en desconfiar de lo que parece demasiado bueno para ser cierto. Porque, como demuestra el caso de Graciela, detrás de un contrato impecable puede esconderse un fraude millonario.