A pocas horas de vencerse el plazo legal, el equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra la condena de 12 años dictada el pasado 1 de agosto por la juez 44 penal del circuito, Sandra Heredia.
El documento, de 904 páginas, también fue entregado a la Fiscalía y a las víctimas acreditadas, quienes dispondrán de cinco días hábiles para responder a los argumentos de los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana y demás defensores del exmandatario.
Lo que solicita la defensa
El recurso pide que la sentencia sea revocada parcialmente y se declare la nulidad del proceso desde la audiencia de formulación de acusación, así como desde la lectura del fallo. Los apoderados solicitan, además, que Uribe sea absuelto de los cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que —aseguran— fue condenado de manera injusta.
Debate sobre las interceptaciones telefónicas
Uno de los ejes de la apelación es la exclusión de las interceptaciones telefónicas que la Corte Suprema realizó por error al celular de Uribe. La defensa argumenta que no se cumplen los requisitos de la figura de “descubrimiento inevitable” y que se violó la inviolabilidad del secreto profesional entre abogado y cliente.
En relación con el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, considerado clave por la Fiscalía, los abogados sostienen que no existe evidencia que demuestre que Uribe le solicitara faltar a la verdad. Según el recurso, las interpretaciones de la juez se basaron en conjeturas y no en pruebas directas.
Cuestionamientos a pruebas y grabaciones
La defensa también ataca la validez de las grabaciones obtenidas con un “reloj espía”, entregadas por Deyanira Gómez Sarmiento, y cuestiona su autenticidad e integridad. Asimismo, rechaza que la supuesta influencia psicológica de Uribe sobre su exabogado Diego Cadena haya sido demostrada, alegando que su contratación fue para labores de verificación y no para inducir conductas ilegales.
Observaciones sobre el manejo procesal
El escrito denuncia que la juez fragmentó y sacó de contexto interceptaciones telefónicas para sostener su fallo, y que el proceso tuvo una connotación política que afectó su imparcialidad. Además, señala errores sustanciales en la valoración de pruebas, como las cartas enviadas por Juan Carlos “el Tuso” Sierra, argumentando que no se probó falsedad ni intención de engañar a la justicia.
Lo que sigue
El Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para emitir su decisión en segunda instancia, fecha en la que prescribirá la acción penal contra Uribe. Si la decisión es desfavorable para el exmandatario, su defensa acudirá al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que tendría hasta cinco años para pronunciar un fallo definitivo.