La comunidad caleña alzó su voz de rechazo frente a las recientes amenazas contra la vida de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Éder. Diversos sectores sociales, religiosos y políticos coincidieron en la necesidad de proteger a quienes ejercen funciones públicas y velan por el bienestar colectivo.

Preocupación

Desde barrios como San Antonio, El Diamante y Siloé, ciudadanos expresaron su preocupación por los hechos. Yaneth Loboa, residente del barrio El Guabal, afirmó: “Todos merecemos vivir, ellos están cumpliendo una misión acá, no es bueno que pierdan la vida”. Su mensaje refleja el sentir de muchos caleños que piden respeto por la vida y la institucionalidad.

Llamado

El respaldo también se hizo sentir desde la Iglesia católica. Monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de Cali, hizo un llamado a la paz y a la protección de quienes tienen responsabilidades públicas. “Pedimos a Dios que esto no se cumpla y que podamos seguir trabajando tranquilos y en paz”, expresó durante una eucaristía celebrada en la Catedral Metropolitana.

Invitación

En el ámbito político local, Edison Lucumí, presidente del Concejo de Cali, instó a la ciudadanía a rodear a sus mandatarios. “Debemos unirnos en pro de la seguridad de estos líderes porque están haciendo la tarea”, dijo, destacando la importancia de la unidad frente a la violencia.

Protección

Las autoridades de seguridad han reforzado los esquemas de protección. El general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que se han intensificado las patrullas de inteligencia en zonas estratégicas de la ciudad, con el fin de anticipar cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de los mandatarios.

Rechazo

Desde otras regiones del país, alcaldes y representantes se sumaron al rechazo. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, coincidieron en que “no se puede ceder ante el terror”. Por su parte, Julián Sánchez Perico, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, advirtió que “atentar contra la vida de mandatarios es atentar contra la democracia y contra la voluntad popular”.