En una acción sin precedentes en el sector agropecuario, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó un acuerdo, respaldado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que fija un precio mínimo de referencia para la compra de arroz paddy verde, con el objetivo de estabilizar el mercado y proteger a los productores colombianos, considerados esenciales para la soberanía alimentaria del país.
¿Qué establece el acuerdo?
Mediante la Resolución 65722 del 29 de agosto de 2025, se pactó que compradores como molinos e industriales deben pagar un precio mínimo diferenciado por regiones y municipios, ajustado según parámetros de calidad del producto. Esta disposición estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025.
Tres ejes clave del acuerdo
- Precios mínimos regionales: establecidos por zonas del país, con base en costos de producción y calidad. Por ejemplo, el precio por tonelada varía entre $1,45 millones en los Llanos y $1,58 millones en el centro del país. MinAgricultura detalló valores como:
- Bajo Cauca: $1.491.478
- Centro: $1.589.489
- Costa Norte: $1.512.785
- Llanos: $1.457.387
- Santanderes: $1.555.398.
- Compra equivalente de paddy seco: permite que el arroz paddy verde pueda comprarse también como paddy seco equivalente, bajo los mismos criterios de calidad y precio mínimo.
- Ordenamiento productivo: se coordinarán acciones del Gobierno y el sector privado en un plan conjunto para gestionar la oferta y las siembras del cereal.
¿Por qué era urgente?
El sector arrocero atravesaba una situación crítica: sobreoferta, contrabando, precios por debajo del costo de producción y un paro agrario de 11 días que paralizó vías en zonas como Tolima, Huila y Meta.
El acuerdo busca proporcionar ingresos mínimos sostenibles, asegurar las siembras y evitar pérdidas, sin generar efectos adversos al consumidor, e incluso promoviendo una mayor oferta de arroz blanco accesible.
Herramientas de control y vigilancia
La SIC, a través de su Dirección de Cumplimiento, monitorizará el proceso. Los actores del mercado deben reportar datos como precios, volúmenes, formas de pago y calidad vía plataformas como SIRIARROZ.
Esto busca garantizar la transparencia y evitar prácticas colusorias en un régimen que, si bien limita libre competencia al fijar precios, se considera justificado por su vocación social.