El exconcejal Johan Steed Ortiz vuelve a ser noticia, esta vez por su reciente nombramiento en la administración pública, que reabre viejas heridas judiciales y mediáticas. Ortiz no solo perdió su curul por doble militancia, sino que ahora su presencia en un cargo estratégico ha vuelto a ponerlo bajo el escrutinio de la ciudadanía y la Fiscalía, que mantiene activos varios expedientes en su contra.

Entre los casos que resurgen se encuentra la denuncia de 2023 presentada por la gerente de Las Ceibas, Gloria Vanegas, por injuria, calumnia y violencia de género durante un debate público. Aunque no hubo sanción judicial definitiva, el proceso sigue vigente y ahora afecta directamente su reputación. Además, el “caso de la grabación” de 2017, cuando fue exsecretario general de la Universidad Surcolombiana, también sigue generando cuestionamientos.

Fiscalización activa

Críticos aseguran que el retorno de Ortiz al aparato público evidencia un sistema que minimiza los antecedentes judiciales, a pesar de la vigilancia de la Fiscalía y otros órganos de control. Denuncias sobre presuntas presiones a periodistas y manejo cuestionable de recursos públicos generan alarma sobre la transparencia y la ética en la política local. Usuarios en redes sociales señalan que, lejos de ser un obstáculo, los procesos judiciales parecen convertirse en una especie de escalón para mantenerlo visible y activo en la esfera política, mientras la Fiscalía y la opinión pública siguen esperando resultados claros y sanciones efectivas.