La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una indagación para verificar un presunto viaje a España realizado por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, su pareja Julián Caicedo, el coronel (r.) Juan Guillermo Mancera y otros allegados del Consejo Nacional Electoral (CNE). El caso surgió a raíz de un anónimo recibido el pasado 26 de julio, en el que se aludía a reuniones privadas celebradas en Madrid con uno de los objetivos de influir en decisiones del CNE y pactar millonarios sobornos, incluyendo posibles participaciones accionarias en un proyecto de gas natural Chuchupa.

La Fiscalía ya está revisando los registros migratorios de las personas mencionadas para confirmar si estuvieron en Europa entre el 30 de junio y el 4 de julio, fechas incluidas en el anónimo. Según fuentes internas, el documento también sugiere promesas de pagos por 10 millones de dólares, presuntamente dirigidos a magistrados del CNE y un emisario de un organismo de control.

Un miembro de la junta directiva de Ecopetrol confirmó que el anónimo fue revisado en el comité de auditoría, pero decidió no tramitarl. En contraste, la Fiscalía está abordando el tema con seriedad debido al contexto de otras investigaciones en curso, como la adquisición del apartamento 901 —presuntamente relacionado con lavado de activos y enriquecimiento ilícito—, en las que también aparecen involucrados Roa y su entorno cercano.

Por su parte, el coronel (r.) Mancera admitió haber estado en Madrid en esa fecha, pero aseguró que su viaje fue exclusivamente para llevar a su hijo a un campamento de verano y asistir al cumpleaños de un amigo, el empresario Serafino Iacono, afirmando que no hubo reuniones relacionadas con Ecopetrol o el CNE.Iacono, por su parte, reafirmó que ninguno de los mencionados abordó temas empresariales del grupo durante la celebración.

El abogado de Roa, Juan David León, señaló que Roa no ha sido llamado a responder por este tema y valoró como legítima la diligencia fiscal en curso, indicando que, si bien la información del anónimo fue considerada en la junta de Ecopetrol y no tuvo acogida, la Fiscalía está en su deber de verificarla

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