La Nueva EPS atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia luego de conocerse un informe preliminar de la Contraloría General de la República que alerta sobre graves riesgos fiscales y administrativos en su operación. El organismo de control detectó fallas en procesos de contratación y en la administración de recursos que, según el reporte, podrían comprometer de manera crítica la estabilidad de la entidad.

Más de $15 billones en anticipos sin legalizar comprometen la estabilidad de la Nueva EPS – crédito Nueva EPS

Los hallazgos coincidieron con fuertes cuestionamientos del representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, quien responsabilizó a sectores políticos vinculados al expresidente Álvaro Uribe de haber mantenido el control de la entidad durante más de una década. Según el congresista, los problemas estructurales de la Nueva EPS no son recientes ni comenzaron con la intervención ordenada en 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, sino que se arrastran al menos desde 2022.

El informe de la Contraloría reveló que los anticipos pendientes por legalizar pasaron de 3,4 billones de pesos en 2023 a 8,6 billones en 2024, lo que representa un incremento del 155%. Además, se identificaron más de 22 millones de facturas en trámite, de las cuales más de 9 millones estaban duplicadas, con un valor estimado de 8,9 billones de pesos. En total, las cuentas por pagar ascendían a 21,37 billones de pesos a marzo de 2025, incluyendo 10,5 billones en anticipos sin soporte y 8,7 billones en facturas aún sin procesar.

La Contraloría niega ocultamiento y publica detalles sobre el deterioro financiero de la entidad – crédito @CGR_Colombia/X

La Contraloría también alertó que las reservas técnicas de la entidad estaban subestimadas en más de 11 billones de pesos, lo que evidencia deficiencias graves en la planeación y control financiero.

En su pronunciamiento, Mondragón subrayó que las irregularidades encontradas no pueden atribuirse únicamente a la intervención en curso, sino a un modelo de gestión previo que habría permitido la concentración de recursos en un reducido grupo de prestadores, generando un posible desfalco multimillonario.

Según el congresista, los hallazgos no nacen con la intervención del Gobierno actual, sino de más de una década de gestión liderada por funcionarios cercanos al expresidente Uribe – crédito Mariano Vimos/Colprensa

El caso ha encendido un nuevo debate político sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la salud y el futuro del sistema, mientras avanza la investigación de los órganos de control para establecer las responsabilidades correspondientes.

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