Pero el 12 de marzo de 2024 todo cambió. Tras la presentación de un informe financiero sobre el negocio de Termomorichal, realizado por peritos externos a Ecopetrol, se cambió el concepto que durante siete años tuvo la compañía sobre los contratos tipo ‘BOMMT’ firmados con Genser Power, firma del empresario William Vélez, expatrono de Ricardo Roa y de su pareja sentimental, Julián Caicedo.
El perito externo, Juan Guillermo Vélez Palacio, determinó que cualquier transferencia que se fuera a realizar de las plantas generadoras de energía a Ecopetrol exigía el pago de las cifras estipuladas en las tablas del contrato inicial, es decir, casi 42 millones de dólares que según el perito eran necesarios para garantizar el retorno de la inversión de la empresa de William Vélez.
El 24 de abril siguiente también se presentó un análisis jurídico de Ecopetrol en el que se reinterpretan los contratos de Termomorichal y dan viabilidad a la idea de que, incluso una vez se haya concluido el contrato, no aplica la transferencia gratuita de las plantas generadoras de energía.l
Sin embargo, en dicho análisis jurídico, no se evalúan otras opciones. Simplemente, se justifica el proceder al pago de los casi 42 millones de dólares a través de la opción de compra. No se hace un análisis comparativo entre ejercer o no ejercer dicha opción, así como tampoco se habla de riesgos legales, posibles litigios, ni se dan opciones para que la junta directiva de la empresa tome una decisión informada.
Estos dos documentos fueron suficientes para cambiar la doctrina al interior de Ecopetrol, pero en ninguno de los dos queda claro por qué razón la compañía decide abandonar la interpretación de “costo cero” a pocos meses de que el contrato con la empresa de Vélez llegara a su fin y se diera el momento que, según el contrato, indicaba que la transferencia de las generadoras de energía se darían en la fecha que Ecopetrol“finalice el pago al CONTRATISTA de todas las tarifas mencionadas en el presente Contrato, en la fecha programada de terminación del presente Contrato”.
De hecho, después de la presentación del análisis jurídico a finales de abril, todo se dio a gran velocidad.
Desde la apropiación de los recursos, hasta la aprobación del pago por parte de la Junta Directiva, pues la primera opción de compra debía hacerse durante la primera quincena de junio, antes del vencimiento del primero de los contratos. Solo así se podría garantizar el pago de los 42 millones de dólares, pues si se pasaba de la fecha el costo habría sido cero.