La Ley de Garantías Electorales en Colombia empezará a regir desde el próximo sábado 8 de noviembre del presente año, o sea en un mes, según acaba de confirmar la Agencia Nacional de Contratación Pública (Ancp). Esta normativa busca blindar la contratación pública durante periodos preelectorales y electorales, para garantizar la igualdad de condiciones entre candidatos y partidos políticos.
También señaló que la norma permitirá adelantar procesos de selección de licitación pública, concursos de méritos, selección abreviada y mínima cuantía, así como prorrogar, adicionar, modificar o ceder contratos antes de las fechas de restricción de las Garantías Electorales, celebrar convenios interadministrativos a título gratuito, suscribir contratos relacionados con la defensa y seguridad del Estado, crédito público, emergencias educativas, de desastres o sanitarias.
Las restricciones
En este marco normativo se resaltan restricciones como la imposibilidad de celebrar contratos de manera directa sin convocatoria pública, desde el 31 de enero de 2025, la firma de convenio interadministrativos que contemplen la ejecución de recursos públicos a partir del 8 de noviembre de 2025 y usar recursos estatales para favorecer partidos o candidatos de campaña.
Con el motivo de promover su correcta aplicación la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente publicó la Circular Externa 006 de 2025 que explica de manera detallada los alcances de estas restricciones, las excepciones permitidas y las fechas clave.
Claridad a los ciudadanos
“La expedición de esta circular responde a la necesidad de brindar claridad a las entidades públicas y a los ciudadanos sobre cómo aplicar la Ley de Garantías. Queremos asegurar que la contratación estatal se mantenga transparente y libre de influencias políticas durante el proceso electoral”, señaló Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente.
Padilla indicó que el Estado busca con esta nueva normativa equilibrar la competencia electoral, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ofrecer seguridad jurídica.