El Ministerio del Interior, a través del viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, anunció en Medellín la apertura de un proceso de investigación y verificación sobre las agresiones registradas el pasado 7 de octubre durante una marcha en apoyo al pueblo palestino. Los hechos, denunciados por manifestantes y defensores de derechos humanos mediante videos difundidos en redes sociales, señalaron a presuntos contratistas o personal vinculado a la administración local como responsables de las agresiones.
Rondón explicó que la presencia del Gobierno busca dialogar con víctimas, autoridades locales y la Policía Metropolitana, con el fin de esclarecer responsabilidades y garantizar que situaciones como estas no se repitan. Subrayó que en un Estado de Derecho es inaceptable que civiles o contratistas asuman funciones policiales y recurran a la violencia contra la ciudadanía, lo cual podría configurar violencia institucional o incluso delitos de carácter paramilitar.
Durante su visita, el viceministro sostuvo una reunión con los altos mandos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para revisar los hechos y reiteró que el Gobierno Nacional respalda la institucionalidad, pero también debe garantizar la protección de los derechos humanos. En este sentido, enfatizó que ningún acto de violencia es válido en una democracia y que el respeto a la oposición también forma parte de los compromisos del presidente Gustavo Petro.
Las denuncias se suman a los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, que pidió esclarecer si hubo órdenes para que los gestores de convivencia de la Alcaldía intervinieran en las protestas, recordando que no están autorizados para usar la fuerza ni disolver manifestaciones. A su vez, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal Andrés Rodríguez Puerta (“Gury”), del Centro Democrático, por presunta incitación a la violencia.
El presidente Petro también se pronunció con firmeza, afirmando que “estas milicias fascistas que golpean a la juventud y a los pobres deben ser desmanteladas con el poder de la ley y la Constitución”.
Finalmente, el Ministerio del Interior reiteró que la protesta social pacífica es un derecho protegido por la Constitución y por los compromisos internacionales asumidos por Colombia ante la CIDH y la ONU. Toda intervención estatal en estas manifestaciones debe ajustarse a la legalidad, necesidad y proporcionalidad, para evitar la repetición de prácticas represivas o de uso desproporcionado de la fuerza.