El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que busca equiparar la tarifa de retención en la fuente entre los pagos electrónicos y los realizados con tarjetas débito y crédito. El propósito de esta medida es unificar el tratamiento tributario entre los diferentes medios de pago digitales, promoviendo así la equidad y reduciendo las diferencias que actualmente existen en el sistema de recaudo. El proyecto se encuentra publicado para comentarios del público, con el fin de que la ciudadanía participe en el proceso regulatorio mediante observaciones, preguntas y propuestas alternativas.
Actualmente, las transacciones realizadas con tarjetas crédito y débito están sujetas a una retención en la fuente del 1,5%, mientras que otros medios electrónicos no lo están. Con el nuevo decreto, se busca aplicar la misma tarifa del 1,5% a todos los pagos o abonos en cuenta que representen ingresos tributarios por venta de bienes o prestación de servicios. De esta forma, el Gobierno busca garantizar igualdad de condiciones entre los distintos instrumentos de pago electrónico, incentivando además la formalización de la economía digital.
El texto aclara que la retención solo se aplicará cuando las transferencias constituyan ingresos gravables. Si las operaciones no implican la venta de bienes o la prestación de servicios, no estarán sujetas a retención. Asimismo, la medida no afectará a las personas naturales no responsables del IVA, quienes estarán exentas de la retención en la fuente. Esto busca evitar cargas innecesarias sobre pequeños contribuyentes y trabajadores independientes que no tienen la obligación de declarar este impuesto.
El proyecto también recuerda que la retención en la fuente no representa un impuesto adicional, sino un mecanismo de recaudo anticipado que puede ser descontado en la declaración de renta del contribuyente. Este sistema tiene como objetivo facilitar la fiscalización y promover el cumplimiento tributario, generando a su vez incentivos para que los contribuyentes presenten sus declaraciones de manera oportuna.
Para garantizar la correcta aplicación de esta norma, el Decreto 1066 de 2025 autoriza a la DIAN a compartir información del Registro Único Tributario (RUT) con los agentes de retención, como los agregadores y entidades adquirientes. Estas instituciones podrán verificar las responsabilidades fiscales de los receptores de los pagos y determinar si corresponde o no practicar la retención. Además, el nuevo proyecto propone ajustar el orden de intervención en la retención del IVA, otorgando prioridad a dichos agentes por su mayor acceso a la información sobre las transacciones. El documento estará disponible para comentarios hasta el 25 de octubre de 2025 en la página del Ministerio de Hacienda.