El municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (Colombia), es escenario de una escalada de violencia y control territorial por parte de las fuerzas del Frente 36 de las FARC, vinculadas a las disidencias del grupo guerrillero. La comunidad sufre asesinatos, desplazamientos forzados y una presencia militar paralela donde antes había vida campesina.
Más de 2.100 personas han sido desplazadas de unas 23 veredas, obligadas a abandonar sus hogares, cultivos y animales. En el casco urbano del pueblo, convertido en un improvisado centro de recepción de víctimas, la alcaldía reconoce que no tiene capacidad para atender la magnitud de la crisis.
Los grupos armados ocupan estratégicamente zonas vinculadas a recursos naturales, como la explotación de oro y rutas clave de tránsito, y han amenazado con extender sus acciones hacia infraestructuras como la central hidroeléctrica de Empresas Públicas de Medellín – todo esto mientras el municipio era conocido antaño como un “rinconcito amable de Antioquia”.
Las autoridades locales han decretado toque de queda y ley seca para contener los brotes de violencia entre desplazados, mientras reclamaban mayor presencia del Fuerzas Militares de Colombia en zonas rurales señaladas como corredores de los grupos armados.
La situación de Briceño ejemplifica vías de conflicto donde la guerra se mezcla con la economía ilegal, el desplazamiento interno y el control militar de territorios rurales —un reto para el Estado colombiano y para los derechos humanos de los campesinos atrapados entre el desplazamiento y la violencia.