Una investigación de inteligencia militar reveló un plan criminal de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, para atentar contra la vida de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

En las últimas horas, el Ejército Nacional, a través de la VI Brigada, confirmó la captura de alias Arley o El Paisa, señalado como segundo cabecilla y jefe financiero del Frente Joaquín González, estructura subordinada a alias Calarcá. El operativo se realizó en una vivienda ubicada en la vereda Tolda Vieja, municipio de Roncesvalles (Tolima).

“El sujeto alias Arley estaría involucrado directamente en las amenazas contra la señora gobernadora y manejaba el cobro de extorsiones en la región”, informó el coronel Andrés Vargas, comandante (e) de la VI Brigada del Ejército.

Según las autoridades, El Paisa sería uno de los hombres de confianza de alias Calarcá, quien actualmente figura como gestor de paz designado por el Gobierno Nacional. Este individuo habría manejado una red de extorsión que exigía pagos a agricultores, ganaderos, piscicultores, transportistas y comerciantes de varios municipios del Tolima, recaudando hasta 800 millones de pesos mensuales.

Lo más preocupante del caso es que la gobernadora Adriana Matiz se enteró del plan de atentado a través de los medios de comunicación, ya que —según denunció— no había recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía o la Policía.

“La verdad es que no teníamos conocimiento de esta información. A los bandidos hay que seguirlos combatiendo, no se les teme. Tengo plena confianza en la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó Matiz en declaraciones oficiales.

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para determinar el alcance del plan criminal y las responsabilidades de los miembros del grupo armado.

El caso ha generado preocupación en el país por la falta de comunicación entre las instituciones de seguridad y los mandatarios regionales. Diversos sectores políticos han exigido al Gobierno Nacional reforzar la protección de los gobernadores y alcaldes, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales.