Una nueva polémica estalló en Gigante, Huila, tras la decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de adjudicar 222 hectáreas del Páramo de Miraflores a comunidades indígenas provenientes del Cauca. La medida, liderada por Lester Fabián Garrido, coordinador territorial de la ANT, ha generado rechazo entre ambientalistas, campesinos y autoridades regionales, al tratarse de un ecosistema estratégico de alta montaña.
Aunque la ANT afirma que el proceso tiene respaldo institucional desde 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) lo desmintió, asegurando que nunca ha autorizado la titulación de tierras en zonas de páramo, consideradas áreas protegidas por su valor hídrico y ecológico.
La ANT se defiende
Garrido señaló que la adjudicación responde a una solicitud de comunidades indígenas asentadas en la frontera entre Huila y Cauca, iniciada hace más de cinco años bajo normas de restitución territorial. “No es una acción improvisada, contamos con estudios y antecedentes legales que respaldan la entrega”, afirmó, calificando la medida como un acto de justicia histórica.
Por su parte, el director de la CAM, Carlos Alberto Cuéllar Medina, advirtió que la decisión representa una amenaza directa para los servicios ecosistémicos del páramo, fuente de agua para comunidades cercanas. La entidad anunció acciones jurídicas para detener la entrega.
Campesinos inconformes
Habitantes rurales expresaron preocupación por el impacto social y ambiental que podría generar la llegada de nuevos ocupantes. Piden la intervención del Ministerio de Ambiente y la Defensoría del Pueblo para revisar la legalidad del proceso.
La controversia sigue abierta y evidencia el choque entre los derechos étnicos y la protección ambiental en uno de los ecosistemas más frágiles del Huila.