La Corte Suprema de Justicia cerró definitivamente el capítulo judicial de Juan de Jesús Cárdenas Chávez, exgobernador del Huila, al confirmar la condena de 72 meses de prisión domiciliaria por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La decisión ratifica lo que durante años fue un secreto a voces: que el poder político en el departamento muchas veces ha estado vinculado a manejos contractuales irregulares bajo el disfraz de convenios interinstitucionales.
El fallo, emitido por la Sala de Casación Penal y con ponencia de la magistrada Myriam Ávila Roldán, dejó en evidencia que Cárdenas “direccionó” el trámite de un convenio firmado con el entonces director de Comfamiliar, Armando Ariza Quintero, tres días antes de dejar el cargo. Dicho acuerdo, por más de 200 millones de pesos, pretendía el suministro de material educativo para instituciones del Huila, pero en realidad —según la Corte— se trató de una compraventa disfrazada, con la que se eludió la obligación de abrir licitación pública.
Sentencia
La sentencia no solo confirma responsabilidades penales, sino que también lanza un mensaje político contundente: el uso indebido de figuras administrativas para favorecer aliados sigue siendo una práctica que erosiona la confianza ciudadana y corroe la legitimidad de las instituciones. En este caso, Comfamiliar recibió un beneficio económico directo mientras la Gobernación del Huila asumía casi la totalidad del costo del contrato.
Cárdenas Chávez, recordado por su cercanía con varios sectores tradicionales, enfrenta ahora el desgaste de su legado político. Su nombre, que alguna vez representó poder y gestión regional, pasa al listado de exmandatarios huilenses con cuentas pendientes ante la justicia. La Corte fue enfática en señalar que el exgobernador actuó con conocimiento pleno del procedimiento irregular, utilizando su autoridad para favorecer intereses particulares al final de su administración.
Este caso revive el debate sobre la ética pública y la cultura política en el Huila, donde los llamados “convenios exprés” han sido históricamente una herramienta para repartir favores antes del cambio de gobierno. La confirmación de la condena no solo sanciona un hecho del pasado, sino que marca un precedente que podría poner bajo la lupa a otros contratos firmados bajo figuras similares.
Mientras el exgobernador cumple su pena en detención domiciliaria, el fallo de la Corte Suprema se convierte en una advertencia: la justicia puede tardar, pero llega. Y cuando lo hace, desnuda los pactos, los intereses y los silencios que durante años se intentaron ocultar tras el discurso del desarrollo regional. La política huilense, nuevamente, queda manchada por el sello de la corrupción.