En su más reciente columna, el politólogo alemán Günther Maihold analiza la sangrienta redada antidrogas realizada esta semana en Río de Janeiro —la más mortífera en la historia moderna de Brasil— y advierte que el operativo es una muestra del avance de la militarización de la seguridad pública en América Latina.
El megaoperativo, dirigido contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país, dejó 132 muertos tras intensos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según Maihold, el despliegue de drones, granadas y armamento pesado por parte de los delincuentes evidencia la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y el deterioro del control estatal sobre los territorios periféricos.
El dilema brasileño: seguridad o derechos humanos
El académico subraya que el caso de Río de Janeiro ilustra un dilema político de fondo: cómo responder a la demanda ciudadana de seguridad sin debilitar las instituciones democráticas ni vulnerar los derechos humanos.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, defensor de una política de “mano dura”, celebró la operación como un “éxito total”, aunque organizaciones humanitarias y sectores judiciales la calificaron de “masacre”. El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, citó a Castro a declarar por el procedimiento policial, mientras el debate sobre la responsabilidad federal en la seguridad pública se intensifica.
Maihold señala que este tipo de discursos punitivos suelen aumentar en contextos electorales, como el que vive Brasil de cara a las presidenciales de 2026, y recuerda que la retórica del gobernador busca desgastar políticamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“Cuando los gobiernos no encuentran alternativas viables, recurren a políticas de fuerza. Es una estrategia que puede generar beneficios políticos inmediatos, pero que raramente produce resultados sostenibles”, advierte el analista.
El uso político del término “narcoterrorismo”
El columnista también cuestiona la utilización del concepto de “narcoterrorismo”, adoptado por las autoridades de Río para describir a las bandas criminales. Según Maihold, esta noción —popularizada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos— mezcla categorías incompatibles.
“El terrorismo persigue fines políticos o ideológicos, mientras que el crimen organizado actúa por lucro económico. Equipararlos no mejora la estrategia de seguridad, sino que puede servir para justificar un mayor uso de la fuerza sin control institucional”, sostiene el académico.
Maihold considera que la narrativa del narcoterrorismo funciona como “una coartada discursiva” para endurecer las políticas de seguridad y legitimar operaciones violentas como la de Río, que dejó más víctimas que cualquier otro operativo previo en Brasil.
Criminalidad regional: distintos rostros de un mismo fenómeno
En su análisis, el experto del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) compara la situación brasileña con la de otros países de la región. En México, explica, se observa una “hegemonía criminal” encabezada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que intenta imponer una relativa estabilidad mediante el control territorial y la diversificación de actividades ilícitas: extorsión, trata de personas, contrabando de combustibles o exportaciones ilegales.
En Brasil, en cambio, prevalece la competencia entre dos grandes facciones —el Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo y el Comando Vermelho de Río—, cuyas disputas internas y ambiciones transnacionales alimentan la violencia en todo el país.
Mientras tanto, en los países andinos —Colombia, Ecuador y Perú—, la fragmentación de los grupos armados y la lucha por las rutas del narcotráfico generan un ciclo constante de violencia, agravado por la debilidad institucional y la falta de coordinación regional.
Más Estado, menos balas
Maihold concluye que la militarización no resolverá la crisis de seguridad que atraviesa América Latina. En su opinión, los gobiernos deben apostar por una “presencia estatal integral” en los territorios dominados por el crimen, reforzando las instituciones locales, el acceso a la justicia y las oportunidades económicas.
“Las incursiones policiales ofrecen solo una ilusión temporal de control. Sin políticas que devuelvan al Estado su autoridad legítima en las favelas y cárceles, el ciclo de violencia continuará repitiéndose”, resume el analista.