El Concejo de Neiva vivió una de sus sesiones más tensas del año. La secretaria de Movilidad, Edna Johana Cruz Bonilla, fue citada a debate de control político para rendir cuentas sobre la actuación de su dependencia tras el fatal accidente que cobró la vida de Wilmer Santiago Fuyar Ocampo y Yuly Andrea Quinayas Campo, ambos auxiliares de Policía. El siniestro, ocurrido el 6 de septiembre de 2025, dejó además herida a Ana María de León Martínez.
Aunque el eje central de la sesión no era el caso, la presencia de familiares de las víctimas cambió el tono del encuentro. Carolina Ocampo, madre de una de las víctimas, denunció públicamente que los agentes presuntamente implicados “siguen laborando” dentro de la Secretaría.
El concejal Humberto Perdomo, citante del debate, pidió claridad sobre los procesos disciplinarios. “Queremos saber cómo avanza la investigación interna y si la administración está actuando con transparencia. Las familias merecen verdad y reparación”, expresó.
Por su parte, el concejal Juan Diego Amaya insistió en que existen múltiples versiones sobre si hubo o no persecución aquella noche. “Si se confirma una conducta indebida, debe existir un acto simbólico de reparación. No se trata solo de sancionar, sino de reconocer el dolor causado”, puntualizó.
La defensa de la secretaria
Ante las críticas, Edna Johana Cruz defendió la gestión de su dependencia, asegurando que no tiene competencia directa para sancionar a los agentes sin una orden judicial.
“Yo no puedo retirar del cargo a ningún funcionario sin una decisión administrativa. Si lo hago, cometo prevaricato. Los vinculados al caso fueron reubicados y no ejercen funciones operativas”, explicó.
Cruz enfatizó además que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan las investigaciones correspondientes. “Si hay responsabilidad penal o disciplinaria, deberán asumirla. No defendemos a nadie, pero el debido proceso es ley”, recalcó.
El debate dejó al descubierto no solo la sensibilidad del caso, sino también la fragilidad institucional frente a hechos que involucran a servidores públicos.
La secretaria pidió empatía, pero también autocrítica social. “¿Qué hacen jóvenes en moto a las once de la noche? Todos tenemos responsabilidad en la seguridad vial”, dijo, frase que desató opiniones divididas entre los asistentes.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la etapa de investigación disciplinaria, recolectando pruebas y declaraciones. La sobreviviente del siniestro, Ana María de León, será clave para esclarecer los hechos.
En medio de las versiones, el caso se convierte en una prueba de fuego para la administración municipal: una mezcla de dolor ciudadano, presión política y exigencia de transparencia, donde la justicia aún no da su veredicto, pero la opinión pública ya observa con lupa cada paso de la Secretaría de Movilidad.