Majid, un iraní que huyó a Estados Unidos tras sufrir detenciones y presuntas torturas en Irán por participar en protestas y convertirse al cristianismo, fue trasladado sorpresivamente después de un año detenido, a pesar de tener protección contra la deportación. Encadenado, fue enviado en un vuelo con deportados hacia Nicaragua y posteriormente obligado a seguir rumbo a Irán vía Venezuela y Turquía. Logró escapar en Estambul, temiendo por su vida si regresaba a su país.

Majid es uno de varios iraníes conversos al cristianismo cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas en Estados Unidos en el último año. Sus testimonios revelan inconsistencias en la evaluación de los riesgos que enfrentan, así como un manejo deficiente de información religiosa sensible. Esto contrasta con el discurso político estadounidense que dice proteger a los cristianos perseguidos en el mundo.

En septiembre, Estados Unidos organizó un inusual vuelo chárter hacia Irán, el primero en décadas, lo que implicó una inesperada cooperación con Teherán. Decenas de iraníes fueron deportados, presuntamente encadenados. Algunos, como la esposa de Ali, un converso que vive en EE.UU., fueron interrogados por autoridades iraníes al llegar y posteriormente citados por la inteligencia, lo que incrementó su riesgo de persecución.

Abogados denuncian que información extremadamente sensible —incluyendo declaraciones sobre conversiones religiosas, actividad política y motivos de asilo— no fue removida de los expedientes antes de la deportación, lo que expone a los deportados a represalias en Irán. Organizaciones de derechos humanos subrayan que los conversos enfrentan arrestos, interrogatorios y sentencias de prisión por apostasía, y que las detenciones por motivos religiosos han aumentado significativamente.

Las decisiones sobre asilo muestran resultados contradictorios incluso dentro de una misma familia, como el caso de Marjan y Reza en Los Ángeles: ambos cristianos conversos fueron detenidos, pero mientras a ella le concedieron asilo, él recibió una orden de traslado a un tercer país. Su pastor sostiene que habían entrado legalmente por un programa humanitario, por lo que cuestiona la versión oficial que los cataloga como una amenaza.

Tanto Majid como otros iraníes deportados o en proceso migratorio viven en un limbo, separados de sus familias y sin posibilidades legales de trabajar o establecerse. Ali, cuya esposa fue deportada a Irán, teme que si ella es arrestada él sea forzado a regresar. Muchos de ellos dependen de iglesias o de la caridad para sobrevivir, mientras enfrentan la incertidumbre de audiencias migratorias que podrían enviarlos de vuelta a un país donde corren peligro.

Por John Daza