La Industria Militar (Indumil) rechazó de manera enfática los señalamientos que la vinculan con supuestos contactos o acuerdos con las disidencias de las Farc, luego de que nuevas revelaciones pusieran en entredicho a varios funcionarios del Estado.
La controversia surgió tras conocerse parte del material encontrado en memorias y computadores incautados durante un retén militar en Antioquia en julio de 2024, operativo en el que resultaron involucrados integrantes de las disidencias, entre ellos Calarcá Córdoba. Dichos archivos han reavivado dudas sobre presuntas infiltraciones y acercamientos entre grupos armados ilegales y miembros de entidades estatales.
Investigaciones salpican a oficial del Ejército y funcionario de inteligencia
Entre las revelaciones se menciona al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes presuntamente habrían tenido vínculos con las disidencias.
Versiones indican que Huertas habría viajado a Venezuela para reunirse con “Richard Catatumbo”, un hombre cercano a Calarcá. El presunto propósito del encuentro habría sido impulsar la creación de una empresa de seguridad que les permitiera a los disidentes movilizarse sin restricciones dentro del territorio colombiano.
Posteriormente, Huertas, Mejía y el director de Indumil, coronel (r) Juan Carlos Mazo, habrían sostenido una reunión en Bogotá para discutir la supuesta disposición de armamento a dicho grupo armado.
Indumil desmiente categóricamente cualquier vínculo
Frente a las acusaciones, Indumil emitió un comunicado en el que negó por completo haber sostenido reuniones con actores ilegales o haber participado en gestiones relacionadas con la creación o apoyo de empresas de vigilancia.
“Nuestras funciones no incluyen gestiones, asesorías o acciones relacionadas con la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada”, afirmó la entidad.
Indumil también precisó que la compra de armas por parte de empresas de vigilancia privada no depende únicamente de la institución, sino que involucra a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.
Asimismo, aseguró que:
“El presidente de Indumil no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados. Tampoco ha autorizado o delegado a funcionario alguno para participar en actividades con organizaciones al margen de la ley”.
Indumil colaborará con la investigación
La entidad reiteró que está dispuesta a atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes con el fin de esclarecer los hechos y contribuir a que las investigaciones avancen con total transparencia.
Mientras continúan las indagaciones, el caso sigue generando cuestionamientos sobre posibles infiltraciones en instituciones estatales y sobre el manejo de información sensible en temas de seguridad nacional.