El municipio de Gigante atraviesa una delicada situación de orden público luego de que el gremio transportador decidiera suspender completamente el servicio hacia las zonas rurales, tras los recientes ataques contra vehículos de transporte público. La medida, tomada como un acto de protección para conductores y pasajeros, surge después del incendio de dos automotores en la ruta La Pradera, hechos que, según las autoridades, serían responsabilidad de grupos disidentes de las FARC que operan en la región.
La suspensión del servicio ha generado una crisis de movilidad que afecta de manera directa a los habitantes de las veredas, quienes dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales como salud, educación y abastecimiento. El temor y la incertidumbre se han apoderado de la comunidad, que prefiere guardar silencio ante las presuntas intimidaciones recibidas. El hermetismo refleja la gravedad del panorama y la percepción de vulnerabilidad que enfrentan tanto pobladores como conductores.
En respuesta a esta emergencia, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Gigante convocaron un Consejo de Seguridad extraordinario. Durante la sesión, el secretario de Gobierno departamental, Juan Carlos Casallas, anunció el fortalecimiento del pie de fuerza en los corredores rurales, así como la activación de labores especializadas de inteligencia para identificar y desarticular a los responsables de los ataques. El objetivo principal es garantizar condiciones mínimas de seguridad que permitan la reanudación del servicio de transporte sin poner en riesgo la vida de los conductores.
Por su parte, el alcalde de Gigante informó que la administración municipal destinará recursos para el pago de recompensas, con el fin de incentivar a la ciudadanía a entregar información útil que permita esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Autoridades locales y departamentales insistieron en que no permitirán que la violencia siga amedrentando a quienes prestan un servicio esencial para la conectividad rural.
Mientras avanzan las investigaciones, los transportadores mantienen la suspensión como una medida necesaria para salvaguardar la integridad del gremio y de los usuarios.