Un reciente escándalo de presunta corrupción —que involucra a altos mandos del Ejército y agentes de inteligencia— volvió a encender las alarmas sobre la estrategia de seguridad y negociación del Gobierno. La investigación señala que sectores del Estado habrían facilitado la movilidad, protección y fortalecimiento de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), comandada por alias Calarcá Córdoba, a través de un supuesto “pacto de no agresión”.
Estos beneficios, sumados a la existencia de una mesa de diálogo vigente desde 2023, habrían permitido que esta estructura armada consolidara control territorial en varias regiones del país.
Antecedentes: las negociaciones con Calarcá
- Desde octubre de 2023, el gobierno del presidente Gustavo Petro sostiene conversaciones con la disidencia EMBF, liderada por Calarcá.
- Durante 2025, la mesa permaneció en “sesión permanente” para coordinar apoyos humanitarios en zonas afectadas por el conflicto.
- En el ciclo más reciente (noviembre de 2025), ambas partes firmaron seis acuerdos que incluyen: prohibición del reclutamiento de menores, compromisos sobre acceso a tierras, protección ambiental y respeto por el calendario electoral de 2026.
Cómo este escenario habría favorecido a la disidencia
La investigación periodística que destapó el escándalo sostiene que ciertos sectores estatales facilitaron la libre movilidad de la estructura de Calarcá, permitiendo su fortalecimiento territorial pese a su historial de violencia.
Uno de los episodios más controvertidos ocurrió en 2024, cuando Calarcá fue capturado con armas, dinero y un menor de edad; sin embargo, recuperó su libertad tras ser designado “gestor de paz”.
Mientras tanto, la Fuerza Pública concentró sus operaciones contra otros grupos armados —como el ELN y facciones del ex-EMC—, lo que habría abierto espacio para que la disidencia de Calarcá se expandiera en zonas como Caquetá, Guaviare, Meta y Amazonas bajo el amparo de los ceses al fuego.
Críticas y riesgos para la política de “Paz Total”
El proceso de negociación con la disidencia EMBF ha implicado una inversión estatal superior a 30.299 millones de pesos en menos de dos años. Este monto ha desatado fuertes cuestionamientos sobre los resultados reales en materia de seguridad y reducción de violencia.
Analistas y sectores políticos advierten que, lejos de pacificar los territorios, la estrategia podría estar fortaleciendo a actores armados ilegales mediante beneficios procesales, pactos informales de no agresión y protección institucional.
Asimismo, la coexistencia entre negociaciones, hechos violentos y posibles vínculos corruptos dentro del Estado debilita la credibilidad del proceso. Víctimas y organizaciones sociales temen que la mesa de diálogo esté siendo utilizada como instrumento para legitimar la expansión territorial de la disidencia.
Una paradoja que golpea la confianza ciudadana
El uso simultáneo de un pacto de no agresión y una mesa de paz con la estructura de Calarcá ha generado una paradoja: aunque el propósito oficial es reducir la violencia, ambos mecanismos podrían estar operando como plataformas de crecimiento para el grupo armado.
El escándalo de corrupción y la presunta participación de agentes estatales reavivan dudas sobre la transparencia del proceso y representan un golpe directo a la credibilidad de la política de Paz Total, que enfrenta uno de sus momentos más críticos desde su implementación.