Este 1 de diciembre avanzó la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), ambos del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, dentro del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ninguno aceptó los cargos.
La fiscal María Cristina Patiño, del Tribunal Superior de Bogotá, les imputó a los exfuncionarios delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al considerar que lideraron una empresa criminal entre mayo de 2023 y diciembre de 2024. Esta organización, según la investigación, habría tenido como objetivo influir indebidamente en decisiones del Congreso a través de la entrega de millonarios contratos.
Una “empresa criminal” para manipular el Congreso
Durante la audiencia, la fiscal Patiño aseguró que los exministros articularon una estructura ilícita que operó mientras ejercían sus cargos y que tenía como propósito “corromper la democracia”. De acuerdo con la Fiscalía, desde sus posiciones en el Gobierno direccionaron contratos por más de $600.000 millones, distribuidos en 74 proyectos en el Invías y cinco en la UNGRD.
La estrategia, según la acusación, consistía en cohechar congresistas para asegurar votos a favor de las reformas impulsadas por el Gobierno Petro, especialmente en comisiones claves del Senado y la Cámara.
“Ustedes acordaron cohechar congresistas mediante la entrega de contratos de la UNGRD a cambio de que estos votaran los proyectos de ley del Gobierno”, sostuvo la fiscal Patiño.
Los congresistas presuntamente beneficiados
En el caso de Ricardo Bonilla, la Fiscalía señala que dio instrucciones para otorgar millonarios contratos a cinco congresistas, a través de la funcionaria María Alejandra Benavides.
Entre los legisladores mencionados se encuentran:
- David Manzur
- Julián Peinado
- Karen Manrique
- Juan Diego Muñoz
- Liliana Esther Bittar
- Juan Pablo Maya
Los contratos comprometían obras en municipios como Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca), donde los parlamentarios habrían tenido intereses indebidos.
Velasco y Bonilla rechazan la acusación
Al término de la imputación, los dos exministros se declararon inconformes con los señalamientos.
Velasco afirmó:
“Estoy muy confundido porque cómo me acusan de haber intentado sobornar a ocho congresistas de la Comisión Primera y no sé quiénes son”.
Por su parte, Bonilla manifestó:
“Yo ya sé cuáles son los hechos, no estoy de acuerdo con ellos y lo demás vendrá en el proceso”.
Fiscalía pedirá cárcel
Debido a la gravedad de los delitos imputados, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos exministros. De ser hallados culpables y recibir la pena máxima, podrían enfrentar hasta 17 años de prisión.
El caso continúa en etapa judicial mientras se recopilan más evidencias dentro del escándalo de la UNGRD, considerado uno de los mayores que ha enfrentado el actual Gobierno.