El Gobierno Nacional dio un paso decisivo para prevenir la llegada y expansión del fentanilo en Colombia. Los ministerios del Interior y de Justicia radicaron ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca tipificar como delito autónomo cualquier actividad ilegal relacionada con esta sustancia altamente peligrosa.
La iniciativa pretende cerrar la puerta a la fabricación, porte, desvío o manipulación ilícita del fentanilo, endureciendo las sanciones y estableciendo un marco penal independiente al de otras drogas, con el fin de facilitar su investigación y judicialización.
Un delito autónomo para enfrentar una amenaza creciente
El documento presentado explica que el proyecto “tiene por objeto tipificar como delito autónomo el tráfico, fabricación, desvío o porte ilegal del fentanilo, con el fin de garantizar su investigación, judicialización y sanción efectiva, por razones de salud pública y seguridad ciudadana”.
Esto implica que cualquier actividad ilegal relacionada con el fentanilo tendría penas específicas y más severas, atendiendo a su elevada capacidad adictiva y al riesgo mortal que representa incluso en cantidades mínimas.
El Gobierno advierte que el propósito es impedir que organizaciones narcotraficantes encuentren en esta sustancia una nueva fuente de ingresos criminales, como ha ocurrido en otros países donde el fentanilo ha provocado crisis sanitarias y miles de muertes.
Blindar la cadena legal y evitar desvíos
El proyecto también contempla el fortalecimiento de los controles sobre el uso médico del fentanilo —autorizado únicamente en entornos hospitalarios y bajo estrictas regulaciones— para evitar que sea sustraído o adulterado para su venta en mercados clandestinos.
Las autoridades recalcaron que el país debe anticiparse a cualquier intento de introducir el fentanilo en redes de microtráfico o en estructuras criminales, antes de que logre permear barrios y ciudades.
Lo que viene para la iniciativa
Con la radicación formal, el proyecto iniciará su recorrido legislativo en la Cámara de Representantes, donde se llevará a cabo el primer debate. Allí se revisarán los alcances jurídicos, el tipo de penas y los mecanismos de control propuestos.
Para el Gobierno, esta medida es urgente y estratégica, ante el riesgo de que Colombia enfrente una problemática similar a la que viven otras naciones donde el fentanilo ha sido catalogado como una de las drogas más letales del mundo.