La mesa de concertación del salario mínimo para 2026 avanza con posiciones firmes entre empresarios, trabajadores y Gobierno, en un año marcado por una economía que muestra señales de desaceleración y una inflación que continúa por encima de la meta oficial. Las primeras jornadas de diálogo han dejado claro que alcanzar un consenso será un reto particularmente complejo.
Las centrales obreras han insistido en que el ajuste debe reflejar la pérdida de poder adquisitivo que, según ellos, han experimentado los hogares durante los últimos años. Para los sindicatos, un incremento significativo es fundamental para evitar que el salario mínimo siga rezagándose frente al costo de vida, especialmente en alimentos, transporte y vivienda.
Del lado empresarial, la preocupación gira en torno al impacto que un aumento elevado podría tener sobre el empleo formal. Los gremios advierten que muchas pequeñas y medianas empresas no están en capacidad de absorber un incremento abrupto sin ver afectadas sus nóminas o sus costos operativos. Proponen un ajuste moderado que tome como referencia la inflación y la productividad laboral.
El Gobierno, que actúa como mediador, ha señalado que su prioridad es lograr un acuerdo equilibrado. Aunque reconoce la presión económica que sienten los hogares, también ha advertido sobre el riesgo de que un aumento desproporcionado genere efectos secundarios sobre la inflación del próximo año. Aun así, ha reiterado su intención de que el incremento final contribuya a dinamizar la economía interna.
Las discusiones se centran actualmente en los criterios técnicos que se utilizarán para proyectar el aumento: inflación esperada, crecimiento del PIB, productividad y recuperación del empleo. Aunque todavía no hay cifras sobre la mesa, fuentes cercanas a la negociación anticipan que las propuestas formales se presentarán en los próximos días.
La mesa de concertación continuará sesionando durante las próximas semanas. Si antes de finalizar diciembre no se logra un acuerdo entre las partes, el Gobierno tendrá la facultad de fijar el salario mínimo por decreto, como ha ocurrido en años anteriores.