La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una profunda reforma al marco jurídico del agua en México, al avalar en lo general la nueva Ley General de Aguas y los cambios a la Ley de Aguas Nacionales. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea garantizar el acceso al agua como un derecho humano y cerrar la puerta a su uso con fines de lucro.
El proyecto establece reglas para el aprovechamiento del recurso en actividades productivas, reorganiza el sistema de concesiones y promete asegurar su disponibilidad para toda la población. La mayoría legislativa conformada por Morena, PT y PVEM defendió que la iniciativa combate el acaparamiento y el mercado negro, además de proteger los derechos de quienes ya cuentan con concesiones vigentes.
La oposición —PRI, PAN y MC— acusó que el nuevo marco normativo abre la puerta al control político del agua desde el Gobierno federal. Tras un debate de más de seis horas, el dictamen consiguió 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. La discusión en lo particular se prolongará hasta la madrugada, con 529 reservas inscritas y más de 150 oradores.
La reforma establece que el Estado será el único regulador del uso del agua, definiendo las responsabilidades de los tres niveles de gobierno. También elimina la transmisión de derechos de agua entre particulares y dispone que las concesiones que no se utilicen según lo autorizado regresen a la Conagua para su redistribución.
El texto incluye además un catálogo de obligaciones para concesionarios y asignatarios, así como la creación de un Registro Nacional del Agua para fortalecer la transparencia y el control sobre las asignaciones.
Durante el debate, el diputado panista Marcelo de Jesús Torres calificó la iniciativa como “rígida, sospechosa y hostil”, alegando que limita derechos, afecta al sector productivo y centraliza decisiones. En tanto, la legisladora Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la crisis hídrica afecta a millones de personas y sostuvo que el país requiere una legislación que atienda de fondo el problema y no una herramienta de presión política.