¿Qué pasó?
El 9 de diciembre de 2025, el gobierno de United States Department of the Treasury anunció sanciones contra cuatro personas de nacionalidad colombiana y contra varias empresas. Estas personas y entidades estarían vinculadas a una red transnacional acusada de reclutar y enviar exmilitares colombianos a Sudán para que combatieran junto a Rapid Support Forces (RSF), un grupo paramilitar implicado en graves violaciones de derechos humanos.
La red habría operado desde al menos septiembre de 2024, organizando desde Colombia y con apoyo internacional el reclutamiento, transporte, contratación y financiamiento de combatientes colombianos para enviarlos al conflicto sudanés.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, algunos de los colombianos enviados a Sudán actuaban como infantes, artilleros, operadores de drones, instructores, pilotos, e incluso algunos habrían participado en el entrenamiento de niños-soldado.
¿Quiénes son los sancionados?
Las personas colombianas incluidas en la “Lista Clinton” por este caso son:
| Nombre | Rol o vínculo |
|---|---|
| Álvaro Andrés Quijano Becerra | Exmilitar retirado, cofundador de la firma reclutadora. Considerado actor central en el reclutamiento y despliegue de soldados a Sudán. |
| Claudia Viviana Oliveros Forero | Esposa de Quijano, propietaria y gerente de la empresa reclutadora. |
| Mateo Andrés Duque Botero | Director de una empresa implicada en la red, acusada de manejar fondos, nómina y logística financiera del reclutamiento. |
| Mónica Muñoz Ucros | Gerente suplente en una de las empresas involucradas, también sancionada por facilitar transferencias vinculadas a la red. |
Además, fueron sancionadas varias empresas vinculadas al esquema:
¿Por qué importa este caso?
La inclusión en la Lista Clinton implica sanciones económicas y financieras: congelamiento de bienes, bloqueo de transacciones bancarias internacionales, prohibición para hacer negocios con entidades de EEUU. Esto no solo afecta a los sancionados, sino a quienes hagan negocios con ellos, por lo que las consecuencias trascienden lo individual.
El reclutamiento de colombianos para conflictos externos —especialmente para grupos acusados de cometer crímenes contra civiles o de ser parte de guerras con alto costo humanitario— resalta problemas de ética, derechos humanos y de seguridad internacional, y genera alarma en la comunidad internacional.
En el contexto nacional, sucede mientras en Colombia se impulsa un proyecto de ley para prohibir la actividad mercenaria, incentivado por denuncias de colombianos muertos o involucrados en conflictos externos.
Reacciones y contexto más amplio
Algunas informaciones señalan que este tipo de redes aprovechan la experiencia de excombatientes colombianos —muchos sin empleo post servicio— para ofrecer contratos lucrativos, lo que plantea un debate sobre vulnerabilidades internas que facilitan estos esquemas.
En el comunicado oficial, el Tesoro de EE. UU. afirma que la red ha contribuido a alimentar la guerra civil en Sudán, país que atraviesa actualmente una de las mayores crisis humanitarias del mundo.
Hay denuncias de que más de 300 exmilitares colombianos habrían sido trasladados al conflicto desde 2024, lo que demuestra que no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno estructural de reclutamiento transnacional.