Una red integrada por ciudadanos y empresas colombianas ha sido oficialmente sancionada por el gobierno de Estados Unidos tras comprobar que reclutaba exmilitares del país —incluso menores de edad— para enviarlos como mercenarios a la guerra en Sudán, lo que motivó su inclusión en la llamada Lista Clinton. Así lo informó la OFAC en un comunicado que describe a la agrupación como un eje de reclutamiento, entrenamiento y logística militar irregular.
Quiénes están implicados
- Cuatro personas, entre ellas exmilitares y gerentes de empresas reclutadoras: Álvaro Andrés Quijano Becerra, Claudia Viviana Oliveros Forero, Mateo Andrés Duque Botero y Mónica Muñoz Ucrós.
- Cuatro entidades jurídicas señaladas de actuar como fachada o intermediarias: Agencia de Servicios Internacionales A4SI (con sede en Bogotá), Maine Global Corp SAS (también en Bogotá), Global Staffing SA (registrada en Panamá con alias Talent Bridge SA) y Comercializadora San Bendito.
Qué denuncian las autoridades
Según la OFAC, esta red reclutaba exmilitares colombianos a través de A4SI, utilizando campañas en línea, grupos de chat y reuniones informales. Tras el reclutamiento, los transportaban a zonas de conflicto en Sudán, donde se integraban al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). La red habría ofrecido posiciones como operadores de drones, francotiradores, traductores y combatientes.
La inclusión de menores “soldados” es especialmente alarmante, ya que expone graves violaciones a derechos humanos y normativas internacionales.
Consecuencias de la sanción
Con su inclusión en la Lista Clinton:
- Los bienes en EE. UU. de los individuos y empresas sancionadas quedan bloqueados.
- Se prohíben transacciones financieras, comerciales o de servicios entre estas personas/empresas y ciudadanos o entidades estadounidenses —lo que restringe también sus operaciones internacionales.
- Cualquier entidad controlada directa o indirectamente por los sancionados también puede ser bloqueada.
Significado e impacto
La sanción enviada por EE. UU. busca cortar las rutas de reclutamiento y financiamiento que alimentan conflictos armados como el de Sudán, un conflicto que ya es considerado una de las crisis humanitarias más graves del mundo.
Además, la medida de sanción busca disuadir redes similares en América Latina, subrayando que el mercenarismo transnacional pagará un alto costo legal, económico y reputacional.