Concejal Julián Uscátegui propone medidas más estrictas incluyendo registro público de vándalos y restricciones a eventos masivos
Bogotá cerró 2025 con un balance crítico en materia de orden público durante las movilizaciones sociales. Entre enero y octubre, 101 personas resultaron lesionadas en medio de protestas que derivaron en disturbios, una cifra que enciende las alarmas sobre el impacto del vandalismo en la seguridad ciudadana. Según datos presentados ante el Concejo de Bogotá por el cabildante Julián Uscátegui, siete de cada diez heridos no participaban en las manifestaciones, sino que eran ciudadanos, contratistas o miembros de la Fuerza Pública.
Las cifras revelan un fenómeno persistente: solo en 2025 se registraron 1.559 movilizaciones en la ciudad, de las cuales 72 terminaron en actos vandálicos que obligaron a la intervención de las autoridades. Este año, 1.510 buses del Sistema Integrado de Transporte y 10 estaciones fueron vandalizados, representando la cifra más alta del periodo reciente y afectando uno de cada tres vehículos del sistema.
El deterioro del transporte público refleja con claridad la magnitud del problema. En el balance de los últimos tres años (2021-2025), la cifra asciende a 3.920 buses atacados. Las reparaciones han implicado una inversión superior a $102 millones de pesos, recursos públicos que terminan destinándose a corregir daños evitables en lugar de mejorar el servicio.
Las localidades más golpeadas por estos hechos fueron Teusaquillo, Kennedy, Santa Fe, Chapinero y Suba, zonas de alta circulación y concentración de actividades institucionales, académicas y culturales. Los daños incluyen vidrios rotos, grafitis en la infraestructura del sistema de transporte, destrucción de paneles publicitarios en paraderos y vandalización de monumentos históricos.
El vandalismo durante manifestaciones no se limita al transporte. Durante el Día de la Mujer en marzo de 2025, encapuchadas vandalizaron edificios, monumentos y estaciones de TransMilenio. La plazoleta del Concejo de Bogotá fue blanco de disturbios, con estatuas como la de Luis Carlos Galán y Diego Laserna pintadas con mensajes en contra del sistema político y social, y posteriormente incendiadas.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos reportó que durante 2025 se han atendido 5.147 casos de luminarias del alumbrado público afectadas por vandalismo y hurto, frente a 6.487 en 2024. El 73% de los incidentes involucran luminarias de halogenuro metálico, y el 45% de los eventos se concentran en la malla vial local, especialmente en zonas residenciales con menor vigilancia nocturna. La localidad de Suba registra el mayor número de luminarias afectadas con 1.537 casos.
Ante este panorama, el concejal Uscátegui radicó un Proyecto de Acuerdo que propone medidas más estrictas contra quienes protagonizan actos vandálicos. «Bogotá no puede seguir normalizando el vandalismo. Los ciudadanos están pagando con su seguridad y con sus impuestos la falta de autoridad de la administración», afirmó el cabildante.
La iniciativa plantea que la Administración pueda restringir el acceso a conciertos, partidos de fútbol y eventos culturales a personas con antecedentes comprobados de vandalismo, evitando que quienes han protagonizado agresiones o daños al patrimonio participen en actividades masivas sin consecuencias. También propone el fortalecimiento del uso de cámaras corporales en los equipos de diálogo y convivencia para garantizar transparencia durante manifestaciones.
El proyecto contempla mejorar la interoperabilidad del sistema C4 con entidades distritales y nacionales para una mejor capacidad de respuesta, y la creación de un Registro Público de Actos Vandálicos que permita organizar información clave sobre daños, agresiones y posibles organizaciones responsables. Además, se establecerán incentivos ciudadanos para facilitar la identificación de los responsables.
La Secretaría Jurídica Distrital y la Fiscalía General de la Nación coordinarán estrategias conjuntas para asegurar la investigación, judicialización y reparación de los daños. «Este proyecto le da herramientas reales a la ciudad para frenar a los vándalos. No podemos permitir que unos pocos sigan destruyendo el patrimonio de todos con total impunidad», enfatizó Uscátegui.
El director de la UAESP, Armando Ojeda, señaló: «Una ciudad iluminada protege a sus ciudadanos y les brinda oportunidades de desarrollo. Estamos comprometidos con una Bogotá más iluminada y segura. Para la administración es fundamental prestar un servicio público de calidad, por ello tenemos un plan estratégico ambicioso para fortalecer la iluminación de la ciudad y reducir estas acciones vandálicas».