El sector turístico encendió las alarmas tras el proyecto de decreto divulgado por el Ministerio de Comercio, el cual endurece las condiciones para las plataformas de alquiler de corta estancia como Airbnb y para los propietarios que ofrecen este tipo de servicios. Según empresarios de la industria, las nuevas exigencias podrían dejar por fuera la mayor parte de la oferta de alojamientos turísticos no hoteleros en el país.
La norma propone que plataformas como Airbnb deban inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y que todos los propietarios que arriendan viviendas o apartamentos para uso turístico obtengan también este registro. Además, contempla la creación del Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (Svcrnt), una herramienta para revisar que cada alojamiento tenga su documentación al día, en coordinación con las Cámaras de Comercio y autoridades locales.
Para los empresarios, el impacto sería profundo. Xavier Camilo Cárdenas, CEO de Wellcome Travel, advirtió que las exigencias podrían eliminar “más del 95% del inventario de propiedades de Airbnb”, afectando más de 215.000 empleos que dependen de las rentas cortas y vacacionales.
Sergio Mutis, presidente del Grupo Valor, también criticó el proyecto al señalar que “cuando la norma se vuelve exceso, el bien superior —el turismo y el empleo— termina siendo la primera víctima”.
Un sector que mueve billones
De acuerdo con cifras compartidas por Airbnb, el impacto económico de la plataforma en Colombia alcanzó los $10,6 billones en 2024. De este total, $1,6 billones correspondieron a ingresos para alojamientos, mientras que $9 billones beneficiaron a comercios y actividades relacionadas con el turismo.
La gerente regional de Airbnb, Fiamma Zarife, destacó que estos datos reflejan el aporte de la plataforma al desarrollo local y a la economía nacional.
Riesgos de informalidad y aumento de la inseguridad, según el sector
Cárdenas aseguró que, contrario a lo que pretende el Gobierno, la formalización podría retroceder, a pesar de que las viviendas turísticas ya representan más del 77% de los establecimientos registrados en el RNT.
Mutis, por su parte, calificó el Svcrnt como un mecanismo “burocrático y potencialmente generador de corrupción”, que incluso podría incentivar la informalidad, especialmente en zonas rurales donde, según él, “nunca una finca va a inscribirse en el RNT por más decretos que se expidan”.
Los empresarios también advirtieron sobre posibles efectos en la convivencia y la seguridad. Según Cárdenas, una regulación excesiva podría llevar a que más alojamientos operen de manera clandestina, sin controles ni sistemas de verificación como los que ya implementan plataformas digitales.
Anato respalda el decreto
En contraste, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) expresó su apoyo al proyecto. Su presidenta, Paula Cortés, aseguró que la intención del Gobierno no es eliminar las plataformas, sino regularlas bajo criterios de seguridad, calidad y equidad frente a otros operadores del sector.
Cortés recordó que los gremios han venido trabajando con el Ministerio en mesas de diálogo para enfrentar la informalidad turística y destacó la importancia de que el RNT pueda interoperar con entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y las Cámaras de Comercio, con el fin de facilitar la identificación y control de todos los operadores.
El proyecto de decreto se encuentra publicado para recibir observaciones, mientras el sector continúa dividido entre quienes ven la regulación como necesaria y quienes temen un golpe severo a la oferta turística y al empleo asociado a las rentas cortas en Colombia.