Mientras el presidente Petro insiste en su apuesta por la “paz total”, Colombia enfrenta una escalada de violencia y tensiones debido al paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ya ha dejado al menos 51 hostigamientos en 13 departamentos, generando zozobra, muertes y críticas al Gobierno.
El paro armado decretado por el ELN comenzó el domingo 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y se extenderá por 72 horas hasta el miércoles 17 de diciembre de 2025. La medida fue anunciada por este grupo armado ilegal, que argumenta su decisión en supuestas “amenazas externas”, incluyendo la presencia militar estadounidense en la región y lo que califica como un plan neocolonial contra Colombia y otros países de América Latina y el Caribe.
Durante este período violento se han reportado al menos 51 actos de hostigamiento en 13 departamentos, muchos de carácter mediático —con banderas, grafitis y mensajes de intimidación— que evidencian intentos de imponer control territorial por parte del ELN. Entre los territorios afectados están Antioquia, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Arauca, Bolívar y Nariño, entre otros.
📍 Impactos directos del paro armado
El paro armado no ha sido solo una amenaza simbólica. Se han registrado atentados con explosivos y bloqueos de vías que han interrumpido el transporte de carga, causando un impacto económico significativo y dificultades para los transportadores, especialmente en corredores vitales como la carretera que conecta el centro del país con la costa Caribe.
Las víctimas incluyen:
- Agustín Pabón, quien falleció tras quedar atrapado en Puerto Santander (Norte de Santander) mientras conducía una ambulancia.
- Dos policías, identificados como los subintendentes Jorge Leandro Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño, quienes murieron tras un atentado con explosivos contra un CAI en el sur de Cali.
🧍♂️ Reacciones de autoridades y crítica política
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó categóricamente las amenazas del ELN y criticó al Gobierno del presidente Gustavo Petro por su manejo de las relaciones con este grupo armado, sugiriendo que la medida refleja un fracaso de la política de paz implementada por el Ejecutivo. Según Galán, el anuncio del paro armado evidencia que la estrategia de paz total “no está funcionando” y que el ELN se ha sentido envalentonado para intimidar al país y a la fuerza pública.
Desde el Gobierno nacional, la respuesta ha sido más cauta, con insistencia en mantener las negociaciones de paz suspendidas con el ELN desde enero de 2025 y se ha reiterado el llamado al grupo para que deponga las armas y retome el camino del diálogo.
🌎 Contexto más amplio
La escalada se da en medio de un contexto más amplio de inseguridad y tensión en Colombia, donde varios grupos armados ilegales —incluido el ELN, disidencias de las FARC y organizaciones narcotraficantes— mantienen presencia territorial y capacidad operativa, desafiando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Estas dinámicas complican la ambiciosa apuesta de Petro por una “paz total”, que busca integrar a todos los grupos armados ilegales en procesos de desarme y negociación.
Además del impacto inmediato en las regiones afectadas, el paro armado ha generado preocupaciones sobre la continuidad de actividades económicas, la movilidad de la población civil y la percepción internacional de la seguridad en Colombia, incluso con pronunciamientos de rechazo desde el exterior, como el de la Embajada de Estados Unidos, que ha expresado su apoyo al gobierno colombiano contra las amenazas del ELN.
🧠 Conclusión
El paro armado del ELN y los múltiples hostigamientos reportados representan uno de los desafíos más significativos para la política de paz del presidente Petro en lo que va de 2025. Mientras el país enfrenta tensiones, pérdidas humanas y críticas políticas, el futuro inmediato de las conversaciones y de la seguridad en varias regiones del país sigue siendo incierto.