Bogotá, 23 de diciembre de 2025. — La Corte Constitucional de Colombia determinó este martes que no revisará de manera extraordinaria el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social para enfrentar el déficit fiscal que dejó el hundimiento de la reforma tributaria.
En una decisión tomada por la Sala Plena del alto tribunal, los magistrados acordaron que el análisis constitucional de las medidas adoptadas por el Ejecutivo se realizará en la primera mitad de enero de 2026, una vez culmine el periodo de vacancia judicial vigente en el alto tribunal.
📌 ¿Qué implica esta decisión?
La decisión significa que, aunque el decreto permanece en vigor, no será revisado de inmediato por el máximo tribunal. El Gobierno había solicitado la revisión anticipada del decreto con miras a despejar incertidumbres sobre su legalidad y alcance, pero la Corte optó por posponer ese examen hasta el inicio de su periodo regular de sesiones tras la vacancia.
La revisión constitucional no es automática ni despreciable: la Corte evaluará que el decreto cumpla con los requisitos de necesidad, urgencia y conexidad que exige la Constitución para este tipo de herramientas legales. El análisis llegará en un momento crítico para la economía y las finanzas públicas del país, cuando los efectos fiscales y políticos de la emergencia ya estén desplegándose.
⚠️ Contexto de tensión institucional
Este fallo se da en medio de un clima de debate intenso entre el Ejecutivo y distintos sectores del país, incluidos gremios económicos y partidos políticos que han cuestionado el uso de la figura de emergencia económica para legislar en materia tributaria y presupuestal. La agenda de revisión constitucional será clave para definir el alcance de las facultades que el Gobierno ha asumido temporalmente.
El aplazamiento de la revisión pone también el foco en la importancia que tiene la Corte Constitucional como garante del equilibrio de poderes en momentos de tensión fiscal y política, y en cómo las decisiones judiciales pueden incidir directamente en el futuro económico del país.