La Procuraduría General de la Nación confirmó que está haciendo seguimiento a las denuncias por contrataciones y despidos masivos en varias entidades del Gobierno Nacional, a pocos días de que entre en vigencia la Ley de Garantías, prevista para el 31 de enero de 2026.
En enero se han conocido denuncias sobre movimientos laborales en entidades como la Cancillería, el Fondo Adaptación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde se habrían desvinculado funcionarios con más de 20 y hasta 25 años de servicio, mientras se abren convocatorias para la contratación de más de mil personas, principalmente bajo la figura de órdenes de prestación de servicios (OPS).
El procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la situación en el programa A lo que vinimos, señalando que si bien estos movimientos generan inquietud, no se puede afirmar de manera automática que se trate de prácticas clientelistas. No obstante, advirtió sobre la necesidad de actuar con responsabilidad en la contratación estatal.
“La prohibición empieza el 31 de enero. Quien se exceda a partir de esa fecha será objeto de la disciplina de la Procuraduría. Pero también quien haga algo mal antes de esa fecha será severamente castigado conforme a la ley”, afirmó Eljach.
El jefe del Ministerio Público confirmó que funcionarios de la Procuraduría ya están solicitando información y verificando los procedimientos adelantados en las entidades señaladas, con el fin de determinar si se abren investigaciones preliminares o procesos disciplinarios formales.
En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a su gabinete para evitar contrataciones y despidos masivos incluso antes de que comience a regir la Ley de Garantías. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, negó tener conocimiento sobre las denuncias relacionadas con presuntas contrataciones irregulares en el Fondo Adaptación y aseguró que revisará la información.
La Procuraduría reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre este tipo de actuaciones en todas las entidades del Estado durante el periodo previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.