Tras las persistentes demandas de los habitantes de Rumipamba, en el sector de San Andrés, la Alcaldía de Pasto implementó un operativo de control integral enfocado en erradicar la venta de bebidas artesanales e ilegales conocidas como hervidos. La acción se realizó con apoyo de la Secretaría de Gobierno y la Policía, buscando recuperar el espacio público y garantizar el orden en la zona.
Las autoridades señalaron que la intervención responde a denuncias ciudadanas sobre el presunto expendio de estupefacientes y la comercialización de productos sin registro sanitario, que podrían representar un riesgo para la salud pública y la seguridad de la comunidad.
Acusaciones
No obstante, los comerciantes afectados rechazaron de manera enfática estas acusaciones, asegurando que su labor es un medio honesto de subsistencia y una tradición cultural en el sector. Muchos de ellos dependen económicamente de esta actividad, y denunciaron que los operativos se realizan de manera arbitraria, sin que exista un acompañamiento que busque soluciones conjuntas.
La polémica ha generado un debate entre quienes apoyan la recuperación del espacio público y quienes consideran que las acciones vulneran derechos fundamentales como el trabajo y el mínimo vital de los vendedores.
La intervención municipal ha fracturado la opinión pública en Rumipamba. Por un lado, algunos vecinos aplauden la presencia de las autoridades, destacando la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden en calles y espacios comunes.
Operativos
Por otro lado, sectores de la comunidad exigen que se respeten las garantías constitucionales, argumentando que los operativos afectan directamente a familias que viven de la economía popular y que carecen de alternativas de empleo formal.
Como respuesta a la presión institucional y a la incertidumbre sobre su futuro económico, los vendedores realizaron un bloqueo en la calle 16, principal vía del sector, para exigir una mesa de diálogo directa con el alcalde Nicolás Toro.
La protesta buscó visibilizar sus demandas y frenar la continuidad de los operativos, al tiempo que solicitaban garantías que les permitan continuar con su actividad sin ser objeto de sanciones arbitrarias. Durante la jornada de manifestación, los comerciantes mantuvieron la calma, pero su reclamo dejó claro el malestar que existe frente a la forma en que se han llevado a cabo las intervenciones.
Acuerdo
Los manifestantes buscan establecer un acuerdo que permita conciliar las necesidades de seguridad ciudadana con la protección de la economía popular. Su intención no es solo detener los operativos, sino abrir un espacio de diálogo donde se puedan discutir alternativas que beneficien a la comunidad y garanticen condiciones seguras tanto para vendedores como para vecinos.
La situación permanece tensa mientras se espera una respuesta oficial que logre equilibrar la aplicación de la ley con la protección de quienes dependen de esta actividad económica.
En tanto, los vecinos y comerciantes de Rumipamba observan con atención cada movimiento, conscientes de que cualquier decisión afectará directamente su dinámica social y económica.