Gemini dijo
La campaña del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha formalizado hoy, 5 de abril de 2026, una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General contra el presidente Gustavo Petro y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Este movimiento jurídico surge tras unas declaraciones del mandatario que la campaña de De la Espriella interpreta como una confesión de interceptaciones ilegales (o «chuzadas»). Aquí están los puntos clave de la controversia:
📍 El origen del conflicto
La polémica estalló luego de que el presidente Petro mencionara en sus redes sociales tener conocimiento de supuestas conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista (accionistas de Thomas Greg & Sons). El presidente vinculó estas charlas con una supuesta «estrategia» contra el Gobierno en el marco de la organización de las elecciones de 2026.+1
⚖️ La denuncia de la campaña
El equipo jurídico de Defensores de la Patria (movimiento de De la Espriella) argumenta lo siguiente:
- Violación de comunicaciones: Sostienen que el presidente solo podría conocer el contenido de esas charlas si existiera una interceptación, la cual sería ilegal al no contar con una orden judicial previa.
- Uso del aparato estatal: Acusan al Gobierno de utilizar a la DNI como una policía política para perseguir a la oposición y perfilar al candidato de derecha.
- Petición de investigación: Solicitaron investigar a Petro por presunta extralimitación de funciones y a «personas indeterminadas de la DNI» por la ejecución de las supuestas escuchas.
🗣️ La respuesta de De la Espriella
Fiel a su estilo combativo, el candidato respondió con dureza al presidente:
«Conmigo se te acabó la impunidad: conmigo no. Yo no soy como los de siempre… Yo te enfrento, te derroto y te castigo. Eres el jefe de la mafia».
Este episodio eleva la tensión de la carrera electoral, con la oposición denunciando un «autoritarismo populista» y el Gobierno defendiendo que sus informes de inteligencia solo buscan proteger la transparencia del proceso electoral frente a intereses privados.