El gremio de comerciantes informales en Bogotá mantiene una postura de rechazo frente al reciente decreto emitido por la Alcaldía Mayor, el cual impone restricciones severas a diversas actividades en el espacio público. La normativa prohíbe explícitamente el uso de cilindros de gas o «pipetas» en los puestos de comida callejera, argumentando riesgos inminentes para la seguridad de los peatones y la prevención de incendios. Asimismo, el documento veta la realización de procedimientos de salud o estéticos informales en andenes y plazas, tales como masajes, aplicaciones de sustancias o tratamientos médicos sin licencia. Por consiguiente, miles de vendedores que dependen de estos implementos para su sustento diario manifiestan su preocupación, pues consideran que la medida los desplaza sin ofrecerles una alternativa económica viable.
Los vendedores de alimentos, especialmente aquellos ubicados en sectores concurridos como San Victorino y la Carrera Séptima, señalan que el gas constituye el único combustible accesible para operar sus negocios móviles. Muchos de estos ciudadanos aseguran que la prohibición de las pipetas paraliza su capacidad de producción y afecta directamente el ingreso de sus familias. Además, los líderes de las asociaciones de trabajadores informales cuestionan la celeridad del decreto, pues la administración distrital no concertó previamente estos cambios con los actores directamente implicados. De igual manera, los comerciantes denuncian que los operativos de la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana han aumentado su intensidad, resultando en el decomiso de herramientas de trabajo esenciales.
Comerciantes informales rechazan nuevas restricciones al uso del espacio público
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Fuentes oficiales de la Alcaldía de Bogotá en su cuenta verificada de X recalcan que la prioridad del decreto reside en la protección de la vida y la recuperación del orden urbano en zonas críticas de la capital. Diversos portales de noticias oficiales indican que la Secretaría de Salud respalda la prohibición de servicios médicos en las calles para evitar focos de infección y complicaciones sanitarias graves entre los transeúntes. Por otro lado, el Instituto para la Economía Social (IPES) ofrece programas de formalización y reubicación en ferias institucionales o quioscos reglamentados para aquellos vendedores que deseen cumplir con las nuevas exigencias técnicas. Por tal razón, la administración distrital invita a los informales a inscribirse en las plataformas de aprovechamiento del espacio público para evitar las sanciones económicas y el retiro definitivo de sus puestos.
Sumado a las restricciones de seguridad, el decreto establece horarios específicos y zonas de permanencia que limitan el flujo libre que anteriormente caracterizaba al comercio popular. Organizaciones defensoras del derecho al trabajo resaltan que Bogotá enfrenta un desafío estructural de informalidad que requiere soluciones pedagógicas en lugar de medidas meramente prohibitivas. Además, los expertos en salud pública advierten que la aplicación de inyecciones o procedimientos de belleza en la vía pública vulnera los protocolos básicos de asepsia, poniendo en riesgo la salud colectiva de los bogotanos. De este modo, la capital atraviesa un proceso de reordenamiento que busca equilibrar el derecho al trabajo con la necesidad de tener una ciudad más segura, limpia y transitable para todos los ciudadanos.
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Finalmente, el conflicto entre el Distrito y los trabajadores informales sigue escalando mientras las partes no logren un acuerdo sobre la implementación de las tecnologías de cocción alternativas. Mientras la Policía continúa con las labores de inspección en las localidades de Chapinero y Santa Fe, los comerciantes anuncian jornadas de protesta para exigir la modificación de los puntos más críticos del decreto. De esta manera, Bogotá vive una transición compleja donde la regulación del espacio público choca frontalmente con la realidad económica de un sector que históricamente ha ocupado las calles para sobrevivir. La jornada administrativa cierra con la firme intención de la Alcaldía de no dar marcha atrás en la prohibición de las pipetas, manteniendo la seguridad ciudadana como el eje central de su política de convivencia urbana.