La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional mantener vigente parte del decreto de emergencia económica declarado por el gobierno debido a la ola invernal que afectó varias regiones de Colombia a comienzos de 2026. Sin embargo, el organismo pidió excluir algunos apartados relacionados con el sistema energético y el acceso a tierras.
El concepto enviado por el procurador general, Gregorio Eljach, sostiene que las lluvias e inundaciones representaron una situación extraordinaria que superó la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. La emergencia impactó especialmente a departamentos como Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, La Guajira, Bolívar, Cesar y Magdalena.
Según la Procuraduría, las medidas excepcionales sí están justificadas para atender la crisis humanitaria, la destrucción de infraestructura y las afectaciones agrícolas provocadas por el invierno. No obstante, consideró que algunos temas incluidos por el Gobierno, como los problemas estructurales del mercado eléctrico y la ocupación de baldíos, no tienen relación directa con la emergencia climática.
El Decreto 150 de 2026 buscaba recaudar cerca de 8 billones de pesos para financiar ayudas, reconstrucción y atención a las comunidades damnificadas. Ahora, el magistrado ponente Miguel Polo Rosero deberá presentar una ponencia ante la Sala Plena de la Corte, que decidirá si la declaratoria se ajusta o no a la Constitución.