La ola de desplazamiento forzado que golpea varias zonas de Nariño dejó una escena poco habitual en un pequeño municipio del departamento: cientos de familias abrieron las puertas de sus casas para albergar a cerca de 400 personas que huyeron de los enfrentamientos armados entre grupos ilegales.
Según líderes comunitarios y autoridades locales, la solidaridad de los habitantes sorprendió incluso a quienes llevan décadas viviendo en la región. “Esto nunca había pasado en nuestro pueblo”, relató uno de los voceros, al describir cómo vecinos ofrecieron habitaciones, colchones, comida y espacios comunitarios para atender la emergencia humanitaria.
Los desplazados llegaron tras intensos combates en zonas rurales, en medio de la creciente disputa territorial entre estructuras armadas ilegales que operan en la Cordillera Occidental de Nariño. La situación ha generado temor entre las comunidades campesinas, muchas de las cuales abandonaron sus viviendas con lo poco que pudieron cargar.
Organismos humanitarios y autoridades territoriales advirtieron que la capacidad institucional es limitada, por lo que la ayuda de la población civil ha sido clave para responder a la emergencia. Mientras tanto, continúan los llamados al Gobierno nacional para reforzar la atención humanitaria y garantizar condiciones de seguridad que permitan el eventual retorno de las familias afectadas.
La crisis de orden público en Nariño se ha agravado en las últimas semanas con confinamientos, desplazamientos y restricciones a la movilidad en distintos municipios del departamento, una situación que también ha sido alertada recientemente por la Organización de las Naciones Unidas.