La Superintendencia de Transporte abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en distintas regiones del país por presuntas irregularidades en el funcionamiento de las fotomultas, también conocidas como sistemas automáticos de detección de infracciones. La decisión podría tener un impacto masivo sobre millones de conductores colombianos, ya que más de 7,5 millones de comparendos están siendo revisados y alrededor de 5,8 millones podrían perder validez legal.
De acuerdo con la entidad, las investigaciones surgieron después de detectar posibles incumplimientos técnicos relacionados con la Ley 2251 de 2022, conocida como la “ley Julián Esteban”, y con la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Entre las principales irregularidades señaladas está la ausencia del concepto técnico de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para garantizar que las cámaras y equipos de fotodetección funcionen correctamente y cumplan estándares legales y técnicos.
La situación afecta a importantes ciudades y municipios del país, entre ellos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio, donde miles de conductores podrían verse beneficiados si las sanciones finalmente son anuladas.
Uno de los puntos más relevantes del caso es que aproximadamente 1,5 millones de fotomultas ya fueron pagadas por ciudadanos en todo el país. Según las estimaciones entregadas por la Superintendencia, esto podría abrir la puerta a reclamaciones económicas que superarían el billón de pesos. Sin embargo, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, aclaró que las devoluciones no serán automáticas.
El funcionario explicó que cada conductor afectado deberá iniciar acciones legales o administrativas para reclamar el dinero pagado. Entre las alternativas mencionadas están los derechos de petición, tutelas, acciones populares y demandas administrativas contra los organismos de tránsito responsables de imponer las sanciones.
Piñeres también sugirió que los ciudadanos afectados podrían organizarse colectivamente para adelantar procesos judiciales conjuntos, considerando que el número de personas involucradas supera el millón de conductores. Según explicó en entrevista con La FM, una acción popular colectiva podría ser una de las herramientas más efectivas para reclamar devoluciones masivas.
Respecto a las multas que aún no han sido pagadas, la Ley 2251 de 2022 establece que los organismos de tránsito deben revocar los comparendos cuando se compruebe que existieron incumplimientos técnicos en los sistemas de fotodetección. Esto significa que millones de sanciones pendientes podrían quedar sin efecto si las investigaciones confirman las irregularidades detectadas.
La Superintendencia señaló que más de 1,4 millones de ciudadanos podrían beneficiarse directamente de la posible anulación de comparendos. Además, advirtió que las entidades investigadas podrían enfrentar fuertes sanciones económicas equivalentes al doble de los recursos recaudados de manera irregular, cifra que podría superar los 2,1 billones de pesos.
Este caso se ha convertido en uno de los procesos más grandes relacionados con fotomultas en Colombia y podría generar importantes cambios en la regulación y control de los sistemas automáticos de tránsito. También reabre el debate sobre la legalidad, transparencia y funcionamiento de las cámaras de detección de infracciones en distintas ciudades del país.