Habitantes de varios municipios de Nariño denunciaron presuntas presiones de grupos armados ilegales para influir en el voto de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. Según testimonios recogidos por medios de comunicación, algunas comunidades rurales afirman que les estarían exigiendo demostrar su participación en las elecciones mediante el certificado electoral e incluso grabarse al momento de votar.
De acuerdo con las denuncias, las situaciones se estarían presentando en zonas de influencia de grupos armados en municipios como Policarpa y Taminango. Un audio difundido recientemente advierte a los habitantes que el certificado electoral podría ser solicitado como requisito para movilizarse por determinados territorios después de la jornada electoral.
Las denuncias surgen en un contexto que ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo. El Sistema de Alertas Tempranas señaló riesgos para los derechos políticos y las garantías electorales en varias regiones del país debido a la presencia y control territorial de grupos armados ilegales.
Además, organizaciones y analistas han alertado durante el proceso electoral de 2026 sobre la posibilidad de que actores armados intenten influir en las votaciones en territorios bajo su control, ya sea mediante intimidaciones, restricciones a la movilidad o presiones sobre las comunidades.
Hasta el momento, las denuncias conocidas corresponden a testimonios de habitantes y audios que están siendo objeto de verificación por parte de las autoridades competentes
