El debate migratorio en Sudamérica suma un nuevo capítulo de máxima tensión. El Gobierno de Chile anunció que presentará un proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de ampliar el plazo máximo de retención de extranjeros en proceso de expulsión, pasando de los 5 días actuales a un tope de 180 días.
La medida, coordinada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, busca resolver las severas dificultades logísticas y burocráticas que enfrenta el Estado chileno para concretar las deportaciones efectivas, especialmente cuando se trata de coordinar vuelos de retorno con los países de origen de los ciudadanos afectados.
El argumento de La Moneda: ¿Por qué extender el plazo a 180 días?
Bajo la legislación vigente, las autoridades chilenas disponen de una ventana de apenas cinco días corridos (120 horas) desde que un migrante es retenido para materializar su expulsión del territorio nacional. Si el trámite, los pasajes o las autorizaciones consulares del país receptor no se logran consolidar en ese breve lapso, el ciudadano debe ser puesto en libertad, lo que en la práctica dilata o frustra el proceso de deportación.
La propuesta gubernamental establece una escala de retención fundamentada en la complejidad de los casos:
- Plazo base: Extensión general del tiempo de custodia para agilizar la logística de los vuelos comerciales y chárteres de repatriación.
- Plazo máximo (Hasta 180 días): Aplicable exclusivamente a aquellos casos donde el extranjero en proceso de expulsión no colabore con su identificación, entregue identidades falsas o cuando el país de origen demore de forma deliberada la emisión de los salvoconductos necesarios.
Declaración clave: Desde el Ejecutivo chileno han enfatizado que la medida no busca la criminalización de la migración, sino dotar al Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) de las «herramientas operativas reales» para hacer cumplir los decretos judiciales y administrativos de expulsión que hoy quedan sin efecto por falta de tiempo.
Coordinación internacional y el factor Venezuela
Uno de los principales cuellos de botella que enfrenta la administración chilena radica en la compleja relación diplomática y consular con Venezuela, país de origen de la mayor corriente migratoria que ha ingresado a Chile en la última década.
La falta de respuestas oportunas y la interrupción intermitente de los puentes aéreos obligan a Chile a extender la custodia temporal para evitar que las personas con órdenes de expulsión —muchas de ellas con antecedentes penales o ingresos por pasos no habilitados— se diluyan en la clandestinidad dentro del territorio nacional.
Reacciones: Entre la seguridad nacional y los Derechos Humanos
El anuncio del proyecto de ley ha generado inmediatas reacciones encontradas en el arco político y social chileno:
A favor (Sectores de oposición y oficialismo moderado)
Parlamentarios de diversas bancadas han valorado positivamente la iniciativa, argumentando que el plazo actual de 5 días es «ilusorio» e impracticable. Consideran que la ampliación a 180 días es una medida necesaria para recuperar el control de las fronteras y garantizar la seguridad pública.
En contra (Organizaciones de Derechos Humanos y ONGs)
Por su parte, agrupaciones de defensa de los derechos de los migrantes y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes han manifestado su profunda preocupación. Advierten que retener a una persona por hasta seis meses sin una condena penal firme podría incurrir en «detenciones arbitrarias prolongadas» y vulnerar tratados internacionales suscritos por Chile en materia de derechos fundamentales.
¿Qué viene ahora para el proyecto de ley?
El texto legal ingresará al Congreso con carácter de urgencia legislativa, lo que obligará a las comisiones de Gobierno Interior y de Constitución de la Cámara de Diputados y del Senado a tramitarlo de forma prioritaria. Se anticipa un debate álgido donde el foco estará puesto en encontrar el equilibrio entre la soberanía y seguridad del Estado chileno y el respeto a las garantías procesales de los ciudadanos extranjeros.