Una investigación reciente sobre la Amazonia colombiana concluye que el principal problema en la lucha contra los delitos ambientales no es la falta de leyes, sino las enormes dificultades para hacerlas cumplir. Aunque Colombia cuenta con una de las normativas ambientales más robustas de América Latina, incluida la Ley 2111 de 2021 contra los delitos ambientales, la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y otras actividades ilícitas continúan expandiéndose.
¿Por qué fracasa la aplicación de las leyes?
La investigación identifica tres obstáculos principales:
- Débil capacidad institucional
- Muchas autoridades ambientales, fiscales y organismos de control carecen de personal, recursos y presencia suficiente en territorios remotos de la Amazonia.
- La vigilancia y las sanciones suelen ser insuficientes para enfrentar la magnitud de los delitos.
- Presencia del crimen organizado
- Grupos armados, redes de narcotráfico y organizaciones criminales participan o se benefician de actividades como la minería ilegal, la tala y el acaparamiento de tierras.
- Estas estructuras ejercen control territorial y dificultan la acción del Estado.
- Incentivos económicos
- Muchas actividades ilegales generan grandes ganancias y están conectadas con cadenas económicas más amplias, incluyendo lavado de activos, compra irregular de tierras y comercialización de recursos extraídos ilegalmente.
- Mientras estas ganancias sigan superando el riesgo de ser sancionados, los delitos continúan siendo atractivos.
Un problema más amplio que la deforestación
Los investigadores señalan que los delitos ambientales no pueden entenderse únicamente como tala o minería ilegal. También intervienen procesos como la corrupción, fallas en los controles financieros, uso de empresas fachada y débil supervisión estatal. Estos factores facilitan que las actividades ilegales prosperen sin ser detectadas o castigadas.
Impacto sobre comunidades y derechos humanos
Diversos estudios muestran que la expansión de economías ilegales en la Amazonia está asociada con violencia, amenazas a líderes sociales, desplazamientos y vulneraciones de derechos humanos. La ausencia del Estado permite que actores criminales establezcan formas de gobernanza paralela en varios territorios amazónicos.
¿Qué recomiendan los expertos?
Las conclusiones apuntan a que no basta con crear nuevas leyes. Se requiere:
- Fortalecer las autoridades ambientales y judiciales.
- Mejorar la coordinación entre instituciones.
- Perseguir las finanzas y los grandes beneficiarios de los delitos ambientales.
- Incrementar la presencia estatal en zonas amazónicas.
- Trabajar conjuntamente con comunidades locales e indígenas para la protección del territorio.
En síntesis, la investigación sostiene que Colombia ya dispone de herramientas legales sólidas para combatir los delitos ambientales, pero la combinación de debilidad institucional, crimen organizado y poderosos incentivos económicos impide que esas normas se traduzcan en resultados efectivos sobre el terreno.