El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó la activación de las rutas de protección para tres menores de edad encontrados en un inmueble del norte de Bogotá, donde las autoridades adelantaron un procedimiento que derivó en la captura de un ciudadano estadounidense investigado por un presunto caso de abuso sexual.
De acuerdo con la información oficial, la intervención se produjo tras una alerta emitida por residentes del sector de Usaquén, quienes notificaron a las autoridades sobre una situación que involucraba a un adulto extranjero y varios menores de edad. La rápida reacción de la Policía de Infancia y Adolescencia permitió verificar la denuncia y adoptar medidas inmediatas para proteger a los niños involucrados.
El ICBF informó que los menores fueron puestos bajo custodia de la entidad y trasladados a centros especializados para recibir atención médica, psicológica y acompañamiento integral. Asimismo, un equipo de Defensoría de Familia inició el proceso de verificación y restablecimiento de sus derechos mientras avanzan las investigaciones judiciales.
Según las autoridades migratorias, el hombre detenido es un ciudadano estadounidense que había ingresado recientemente al país en calidad de turista. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de establecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La Procuraduría General de la Nación también anunció seguimiento al proceso y solicitó la articulación de las entidades competentes para garantizar la protección de los menores y el respeto de sus derechos fundamentales.
Por su parte, las autoridades distritales rechazaron cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, reiterando su compromiso con la protección de la infancia y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y denuncia frente a este tipo de delitos.
El caso continúa en etapa de investigación y las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los menores, recordando que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.