La Unión de Trabajadores Penitenciarios de Colombia, UTP, rechazó de forma categórica la propuesta del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de eliminar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y reemplazarlo por un cuerpo de prisiones integrado por veteranos y reservistas de la fuerza pública.
El pronunciamiento se dio el 4 de junio de 2026, luego de que el candidato calificara al Inpec como “un cáncer para la justicia colombiana y para la sociedad colombiana. Hay que sacarlo, hay que atacar ese cáncer”, durante una entrevista en la que también propuso crear asociaciones público-privadas para administrar las cárceles.
En el comunicado firmado por el presidente nacional de la UTP, Óscar Robayo Rodríguez, el sindicato señaló que la propuesta representa riesgos directos para la estructura institucional del Estado y para la estabilidad laboral de quienes hoy garantizan la custodia penitenciaria.
Según la organización, la iniciativa afectaría a más de 20.000 servidores públicos vinculados al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec. La UTP manifestó su desacuerdo con dos puntos centrales: transferir la administración y seguridad de los centros penitenciarios a operadores privados, y reemplazar al cuerpo de custodia penitenciaria por personal pensionado de las Fuerzas Militares.
Para el sindicato, estas medidas evidencian un desconocimiento de la realidad operativa y jurídica de las cárceles en Colombia. “Los funcionarios del Inpec cumplen una función constitucional específica dentro de la estructura estatal y el manejo de los establecimientos carcelarios requiere conocimientos especializados”, afirma el documento.
La UTP defiende que la custodia penitenciaria debe mantener su carácter civil, como lo establece la Constitución. Desde el sindicato advierten que la resocialización, el manejo de población vulnerable y la atención a derechos humanos son funciones que van más allá de la seguridad militar.
El rechazo del gremio se suma al debate sobre las salidas a la crisis carcelaria del país, marcada por hacinamiento y corrupción. Mientras el candidato propone “atacar ese cáncer” liquidando la entidad, los trabajadores penitenciarios insisten en reformar el Inpec desde adentro y no desmontarlo.