Yesid Figueroa, abogado y ciudadano accionante/ foto: archivo particular.
El proyecto de construcción de salones comunales contemplado en el Contrato No. 1647 de 2019 en el municipio de Tunja ha sido objeto de decisión judicial y administrativa que define su no continuidad, luego de varios años de suspensión y revisión técnica y jurídica. En cumplimiento de una sentencia de Acción Popular, el Juzgado competente ordenó al municipio evaluar la viabilidad de liquidar el contrato o, en caso de ser posible, continuar con las obras mediante ajustes técnicos, actualización de estudios y modificaciones de diseño.

Sin embargo, tras el análisis correspondiente, la administración municipal informó la decisión de proceder con la liquidación del contrato. De acuerdo con la información oficial, el proyecto de infraestructura social, destinado a la construcción de salones comunales solicitados por la comunidad, no será ejecutado debido a las condiciones actuales del contrato y a la imposibilidad de garantizar su continuidad bajo los parámetros inicialmente establecidos.
El contrato, firmado en 2019, permaneció suspendido durante un periodo prolongado, lo que llevó a revisiones sobre su estado técnico, financiero y jurídico. Estas evaluaciones concluyeron en la recomendación de liquidarlo de manera unilateral, proceso que actualmente se encuentra pendiente por parte de la entidad territorial.
La decisión ha generado expectativa entre los sectores comunitarios que esperaban la ejecución de las obras, al tratarse de espacios destinados a fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. No obstante, la administración ha señalado que la determinación responde al cumplimiento de las obligaciones legales y a la necesidad de cerrar contratos que no han podido ejecutarse de manera efectiva.
Finalmente, el proceso de liquidación permitirá establecer el estado final de las obligaciones contractuales, así como determinar posibles saldos financieros o responsabilidades derivadas del contrato, conforme a la normatividad vigente.
Asimismo, la administración municipal reiteró que se garantizarán los procedimientos de transparencia y control en el proceso de liquidación, con el fin de evitar contingencias futuras y dar cierre administrativo definitivo al proyecto, conforme a la normatividad contractual y a los principios de la función pública en el país colombiano.
