Gran inquietud existe entre habitantes de varios sectores rurales de Neiva debido a los elevados valores que están llegando en las facturas del servicio de gas domiciliario. La situación fue puesta en conocimiento de la Personería Municipal por comunidades de Vegalarga, San Antonio de Anaconia y otras zonas rurales, donde algunos usuarios aseguran haber recibido cobros que superan los dos millones de pesos.
Según los testimonios recopilados durante los encuentros sostenidos con los habitantes, los montos facturados resultan desproporcionados frente al consumo habitual de los hogares, generando preocupación e incertidumbre entre las familias que dependen principalmente de actividades agrícolas y pecuarias para su sustento.
Frente a esta problemática, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas Vargas, manifestó su preocupación por las denuncias presentadas por la comunidad y reiteró el compromiso de la entidad de acompañar de manera permanente a los ciudadanos en este proceso. El funcionario señaló que la Personería actuará como garante de los derechos de los usuarios y promoverá las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.
Bastidas Vargas indicó que la ciudadanía merece respuestas claras frente a estos cobros que hoy generan preocupación en diferentes sectores rurales. Asimismo, destacó que la Personería mantendrá el acompañamiento a las comunidades y gestionará ante las entidades competentes las revisiones necesarias para determinar las causas de esta situación.
La Personería de Neiva también hizo un llamado a las autoridades y organismos encargados de la vigilancia de los servicios públicos para que adelanten una revisión detallada de los casos reportados y verifiquen si existen inconsistencias en los procesos de facturación.
Mientras avanzan las reclamaciones, las comunidades esperan que se adopten medidas oportunas que permitan corregir cualquier irregularidad y brindar soluciones efectivas. La Personería continuará acompañando a los habitantes afectados, promoviendo espacios de diálogo y seguimiento para garantizar la protección de los derechos de los usuarios del servicio de gas domiciliario.